El nuevo Estatuto del Consumidor que prepara la Conselleria de Industria, cuyo anteproyecto ya tienen en sus manos las principales asociaciones de consumidores, contempla sanciones que van desde los 3.000 euros de las consideradas leves hasta los 600.000 de tope para las muy graves.

Este es el abanico en el que se mueve el apartado sancionador, según la propuesta que ha salido de la Dirección General de Consumo a la que ha tenido acceso 20 minutos. El importe de las sanciones se dividirá en tres niveles: leves (desde el apercibimiento hasta 3.000 euros), graves (entre 3.001 y 15.000 euros) y muy graves (entre 15.001 y los 600.000 euros).

Productos adulterados

En cuanto a los tipos de infracciones, van desde la adulteración de productos, incumplimiento en el marcado de precios, venta de artículos prohibidos a la negativa a fijar un presupuesto previo.

Sin ir más lejos, el año pasado se retiraron del mercado un total de 102.922 artículos en la Comunitat, con la ropa y el calzado como sector más afectado, con el 85% de los casos. En este apartado destacó la retirada de un modelo de zapato que contenía bolsitas tóxicas que provocaban picores y quemaduras. A continuación aparecen los materiales eléctricos y la iluminación.

Además, se realizaron 22.584 inspecciones que acabaron con 967 actas por irregularidades en los productos. Las más frecuentes fueron en periodos de rebajas e incidencias en los pagos con tarjetas de crédito. De ellos, un total de 267 acabaron en sanción.

El Estatuto que elabora el Consell extremará la vigilancia sobre los juguetes, la publicidad infantil, los productos dietéticos y nutricionales y la accesibilidad de las personas con discapacidad, al tiempo que dotará de más derechos a niños, adolescentes, mayores e inmigrantes.

Derechos lingüísticos en la compra

Uno de los artículos incluidos en el decálogo de garantías para los consumidores se refiere a unos nuevos «derechos lingüísticos» a la hora de ser atendidos en los comercios de la Comunitat. En el mismo queda reflejado el "derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat", en referencia al castellano y valenciano. Además, la Generalitat se compromete a fomentar el uso del valenciano "en las relaciones de empresas y profesionales con los consumidores". El texto se refiere a la lengua que utilicen los clientes, pero no los dependientes que los atiendan.