Marisa, ejecutiva acosada
Marisa, de espaldas, con las sentencias judiciales de su caso. Jorge París

Autovía A-3, dirección Valencia. Un coche se detiene en Honrubia (Cuenca) y el conductor llama a la Guardia Civil. Viaja con su hija de 5 años y denuncia que un coche los sigue desde hace 200 kilómetros. Aunque no le sorprende demasiado. A su mujer, embarazada y en casa, le sigue la pista un grupo de hasta ocho detectives para controlar su baja.

Es el año 2003 y arranca una historia de juicios, despidos, readmisiones y situaciones tan al límite que llevaron a su protagonista a pensar en el suicidio. La historia de Marisa, que siete años después sigue optando por un nombre falso por miedo a represalias.

Me aterraba la posibilidad de tener que entrar en la oficina

Realmente todo comienza en 2001. Tras ocupar puestos de responsabilidad en varias multinacionales durante 12 años, Marisa llega a Aldeasa, una empresa con tiendas en aeropuertos de medio mundo. En su nuevo destino asume la dirección de marketing. A Marisa, de 44 años, le proponen en 2003 una baja incentivada que rechaza y poco después se queda embarazada de su segundo hijo. Al ser de alto riesgo, el embarazo le obliga a cogerse una baja.

A partir de ahí empiezan los problemas. "Llegué a recibir más de 25 burofaxes durante el embarazo y me desposeyeron de mi cargo", cuenta Marisa. Llega su primer despido (2005) y se pone en manos de un psiquiatra para iniciar un tratamiento a base de antidepresivos que se prolongará 15 meses. Y arrancan los juicios.

Despido nulo

El Juzgado de lo Social de Madrid declara en junio de 2005 la nulidad de su despido, que confirma el Tribunal Superior. Ya en abril de 2007, Marisa se reincorpora a su empresa. "Iba con mi psicóloga a la puerta del edificio sólo como terapia, porque me aterraba la posibilidad de tener que entrar en la oficina", recuerda. Pero su regreso no iba a ser fácil. "Era como si estuviera en Siberia. Mis compañeros no me hablaban, tenía un puesto de segunda categoría y me sentía inútil".

Esta situación lleva a Marisa otra vez a los juzgados. Los tribunales confirman que su admisión era irregular porque la empresa no le había abonado las nóminas que le debía. Al conocer la noticia, le incautan el ordenador y la expulsan. Un notario se presenta en su casa al mes siguiente con una nueva carta de despido, que la dirección justificaba porque había consultado foros sobre mobbing desde su despacho.

"Me metía en Internet para ver qué tenía que tomar para suicidarme, me sentía inútil... Si no lo hice fue por mi familia", recuerda Marisa, que inicia entonces una nueva batalla judicial por su segundo despido.

El último capítulo de su historia aún no está cerrado. Desde entonces –y ya han pasado dos años y cuatro meses– espera una sentencia. Y tiene claro que si es favorable no volverá a la empresa: "La legislación tiene que cambiar. Ahora cualquier empresa me da miedo, sólo me veo de autónoma".

Con el paro ya consumido y tras "una ruina económica" por su batalla judicial, a Marisa se le saltan las lágrimas al recordar sus últimos siete años. Pero dice que hacerlo es también "perder el miedo". Y tiene muy claro que si hubiera sido un hombre, "todo habría sido muy distinto". Ahora, a lo único que aspira es a olvidar, "a que de verdad todo esto termine". Este diario intentó sin éxito recabar la opinión de la empresa sobre el caso.

ZP le aconsejó hablar con un abogado

Sin saber a quién más recurrir para contar su historia, Marisa se decidió a enviar una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. Y conserva la respuesta de La Moncloa, en concreto del jefe de gabinete de Zapatero. Tras pedir disculpas por el retraso, le aconsejaba que pusiera el caso en manos de un abogado.