El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció hoy que Baleares contará este año con cinco nuevas unidades judiciales y dos nuevos jueces de adscripción territorial, con el fin de comenzar a "corregir el desfase" que supone que esta Comunidad se sitúe "un poco por debajo de la media nacional en cuanto a número de jueces por cada 100.000 habitantes". Así, destacó que "en seis años, habremos creado más unidades judiciales que en los ocho años del Gobierno del PP".

Tras reunirse con el presidente del Govern, Francesc Antich, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antoni Terrassa, el ministro recalcó que continúa trabajando con "intensidad" para que el traspaso de las competencias de Justicia al archipiélago se haga "cuanto antes", a pesar de la actual situación económica, que ha provocado "dificultades presupuestarias".

"Queremos hacer un traspaso en condiciones y no tenemos prisa porque queremos que las cosas se hagan bien, para que cuando se haga efectiva la transferencia de las competencias, Baleares cuente con una administración de Justicia de calidad". Así, admitió que es "optimista" en cuanto al traspaso, ya que, en su opinión, el Govern y el Ministerio encontrarán las "soluciones satisfactorias" para llevarlo a cabo.

Con independencia del traspaso, Caamaño anunció que en 15 meses estará construido el nuevo edificio de los Juzgados de Mahón, que albergará la nueva oficina judicial, mientras que también adelantó la construcción de otro nuevo edificio en Ciutadella, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, para lo cual se está pendiente de la cesión del suelo.

Además, destacó la construcción del nuevo edificio de los Juzgados en Ibiza, que contará con un presupuesto de 13 millones de euros y cuyo proyecto está pendiente de los trámites de la permuta del terreno.

En cuanto a Palma, el ministro subrayó a partir del próximo 4 de mayo, se desplegará la nueva Oficina Judicial, coincidiendo con la entrada en vigor de las reformas de 16 leyes judiciales que afectan al nuevo modelo judicial. Así, la capital balear es una de las ocho ciudades españolas en las que se implantará a modo de prueba este sistema, que afectará a alrededor de 700 funcionarios.

"Queremos que Baleares cuente lo antes posible con un mejor sistema de justicia superando las deficiencias actuales y que sea una Comunidad pionera en este nuevo sistema judicial, que supone cambiar la percepción que los ciudadanos tienen hoy de los Juzgados", resaltó Caamaño.

Además, recalcó la creación de la figura del juez de adscripción territorial, que podrá sustituir de manera inmediata a un juez de instrucción que pida el traslado a otra Comunidad Autónoma, sin necesidad de que se tenga que comunicar el nuevo nombramiento al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio, tal como sucede actualmente. .