La justicia investiga a 38 funcionarios por ‘perder’ documentos

Por sustraer, destruir o inutilizar papeles oficiales. De los 73 casos descubiertos en el país en 2004, el 52% se cometieron aquí.
La justicia está investigando a 38 funcionarios públicos en la provincia a los que se los acusa de sustraer, destruir, inutilizar u ocultar, total o parcialmente, documentos que tienen la obligación de custodiar por su trabajo.

Esta cifra es considerablemente alta si la comparamos con los 73 casos de infidelidad de custodia de documentos descubiertos en toda España en 2004, según fuentes judiciales.

Problemas de drogadicción, económicos, desánimo en el trabajo o enfermedades mentales suelen ser los motivos que llevan a estos trabajadores de la Administración a delinquir.

En la actualidad, una mujer sin antecedentes penales y que trabajaba como sustituta de auxiliar de reparto a pie en Correos y Telégrafos espera a que un juez dictamine si incurrió o no en un delito de custodia de documentos. La Guardia Civil la detuvo cuando la descubrió tirando en un contenedor de basura una saca de correos que contenía certificados, cartas, impresos, avisos y tarjetas postales que debía entregar ese mismo día.

Cuatro años de cárcel en Alcoi

La Audiencia condenó a cuatro años de cárcel a un funcionario del juzgado de Alcoi, Carlos F. E., como autor de un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Todos los escritos que pasaban por sus manos desaparecían. Esto provocó una importante ralentización de la justicia alcoyana que repercutió en uno de sus casos más devanados: el triple crimen de Benifallim, cuyo acusado salió de la cárcel tras permanecer el tiempo máximo antes de ser juzgado.

Cifras nacionales

Más de la mitad

Después de Alicante, las provincias donde se han detectado son Barcelona, con seis; Sevilla, con cinco; Tarragona y Madrid (cuatro); Málaga, Cádiz y Girona (tres); Tenerife y Cáceres (dos), y Jaén, Soria y Baleares (uno).

Artículo 413

¿Qué dice la ley?

La autoridad o el funcionario público que cometa este delito se enfrenta a penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a 24 meses e inhabilitación especial para empleo público de tres a seis

años.

Dinero y drogas

Ultimo caso sonado

Cuatro funcionarios han sido condenados a dos años por defraudar a la Jefatura Provincial de Tráfico más de 63.000 euros al tramitar expedientes irregulares a cambio de dinero y, en algunos casos, aceptando como pago droga.

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