En concreto, se trata de un incremento del 103 por ciento para los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, según los convenios suscritos hoy por el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, con los alcaldes de los cuatro municipios, que pidieron una reducción de las partidas de inversión a favor de las partidas para el sostenimiento de los servicios básicos municipales.

Así, Valcárcel explicó que la "no hay más finalidad que contribuir al sostenimiento de los gastos corrientes que se generan en los ayuntamientos", tras lo que argumentó que "la persiana se abre o se cierra siempre en función de la disponibilidad de estos recursos para atender los gastos corrientes".

Es por ello por lo que tanto el jefe del Ejecutivo murciano como los cuatro ediles de los municipios aquí representados no dudaron en resaltar la importancia "vital" de este acuerdo, que supone, según Valcárcel, "el más grande esfuerzo que se hace desde la Administración regional para atender, más que nunca, el gasto corriente", más aún en un momento de crisis, "de dificultad y de merma en la recaudación".

Y es que, criticó Valcárcel, "el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero asfixia a los ayuntamientos y por primera vez en la historia de la democracia española la Administración central reduce los recursos destinados a las corporaciones locales, todo ello sin la propina que supone también la afectación por la reducción del IVA, por lo que son más de 6.000 millones de euros que no van a llegar a los ayuntamientos, justo ahora que más lo necesitan con la actual situación de crisis".

Los convenios singulares, de carácter anual, recogen una subvención de 5.873.779 euros para el Ayuntamiento de Murcia, 3.541.342 euros para el de Cartagena, 2.455.186 euros para Lorca y 1.227.553 euros para Molina de Segura.

Esta aportación económica, con cargo al Fondo de Cooperación Local, representa un importante apoyo para sufragar los servicios básicos municipales como la recogida de basuras, el mantenimiento del alumbrado y vías públicas, parques y jardines, transporte urbano, abastecimiento de agua potable, servicio de alcantarillado y de instalaciones deportivas, entre otras.

Los alcaldes, SATISFECHOS.

Por su parte, el alcalde de Molina, Eduardo Contreras, mostró su satisfacción por la rúbrica de este convenio, al igual que su homólogo en Lorca, Francisco Jódar, quien sacó a colación los problemas de los consistorios con el gasto corriente. "Una caída dramática de los ingresos y los recortes sufridos por la Administración central", que cifró, en el caso del Consistorio lorquino, en un 28 por ciento.

Mientras que la primer edil de Cartagena, Pilar Barreiro, explicó que "el gasto corriente no es nada más que levantar la persiana todos los días de los ayuntamientos".

Al hilo, puso de manifiesto la "situación complicada" en la que se encuentran las corporaciones locales; una situación, insistió, "de verdadero riesgo y sin expectativa de que el Gobierno socialista tome medidas para paliar esta situación".

Igualmente, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, agradeció a Valcárcel que el Gobierno regional "salga al rescate" de los ayuntamientos.

Tanto los alcaldes como el jefe del Gobierno regional criticaron también, en este acto, la propuesta del Ejecutivo de la nación de la subida proyectada del IVA.

En este sentido, Valcárcel recordó la campaña que el PP ha puesto en marcha "en todos y cada uno de los municipios de la Región" para hablar de los efectos de la subida de impuestos del Estado, al objeto de "sensibilizar a los ciudadanos de que hay otra manera de salir de la crisis".

Partidas para los ayuntamientos.

En total, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas destinará este año un total de 25.000.703 euros para colaborar en el pago del gasto corriente municipal, el doble de lo recibido el año pasado.

De este dinero, 13 millones son para los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, mientras que los municipios con menos de 50.000 habitantes se repartirán un total de 11.902.843 euros, de los que 10.409.627 serán para los que tienen una población superior a los 5.000 habitantes, y el resto, 1.493.216 euros, para los de inferior número de habitantes.