El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves con los votos del PSOE, PP y CiU, las enmiendas de totalidad del PNV, ERC-IU-ICV y el BNG a la reforma del Código Penal, que endurece las penas para corruptos, terroristas y pederastas, y que inicia así su tramitación parlamentaria.

El apoyo que PP y CiU han dado al texto no garantiza, sin embargo, la aprobación final del proyecto que, al tratarse de una ley orgánica necesita mayoría absoluta para salir adelante, y tanto los populares como los nacionalistas catalanes han recordado al Gobierno alguna de sus condiciones durante el debate.

Así, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha puesto sobre la mesa su propuesta de introducir la cadena perpetua revisable para delitos graves, como atentados terroristas con víctimas mortales o asesinatos en los que medie agresión sexual.

Se trata, según Trillo, de que "el que la haga la pague" y que los terroristas, pederastas y violadores que causen muertes sepan que "van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel".

El diputado del PP ha negado que esta pena sea incompatible con la Constitución, como mantiene el Gobierno, y considera que además es una demanda de la sociedad.

Por su parte, Convergencia i Unió reclama al Ejecutivo que durante el trámite de la reforma en comisión se endurezca el castigo para quienes cometan pequeños delitos -como hurtos- de forma reiterada, con penas de cárcel de 15 días hasta tres meses.

El diputado de CiU Jordi Jané ha destacado que sólo en Barcelona los datos reflejan que se registran 80.000 hurtos al año -diez cada hora- y que, aunque se mantienen abiertos al diálogo, su apoyo a la reforma está condicionado a que esas faltas sean consideradas como delito.

Los grupos que pedían la devolución del proyecto, en cambio, coinciden en que es innecesario el endurecimiento de las penas que se contempla y critican que el Gobierno legisle de forma "compulsiva" y a golpe de impacto mediático.

Así lo han destacado el portavoz del PNV, Emilio Olabarria; el de ERC, Joan Ridao, y los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y del BNG, Francisco Jorquera, que creen que se consolida una preocupante tendencia al endurecimiento punitivo cuando el Código Penal español ya es uno de los más duros de la Unión Europea y el país tiene una de las tasas más bajas de delincuencia.

Unos argumentos que no comparte el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha asegurado que no se trata de "un proyecto duro frente al débil y débil frente al fuerte" y que "si la sociedad cambia el Código Penal debe acompañar reflexivamente esos cambios".