El consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, se comprometió hoy a un "esfuerzo" de consolidación fiscal y de "austeridad" del gasto de la Comunidad autónoma aragonesa para "garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo" y el objetivo de alcanzar un déficit público del 1,1 por ciento del Producto Interior Bruto en 2013.

Larraz se pronunció así en una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, solicitada por el grupo del Partido Popular (PP) sobre las medidas para reducir el gasto público en relación con los planes del Gobierno central y los mecanismos de control para la fiscalización conjunta de las cuentas públicas autonómicas. La comparecencia había sido solicitada al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, pero respondió Larraz.

El consejero recordó que el Gobierno de España aprobó en enero un plan de acción inmediata para 2010, "en el que estamos trabajando en este momento" y "veremos a finales de marzo" en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y un plan de austeridad 2011-2013, que probablemente "se verá y aprobará en el siguiente CPFF" al de marzo.

Al respecto, Larraz apuntó que "nunca" el Gobierno de Aragón "se ha distinguido por incumplir normativas de estabilidad" presupuestaria y agregó que "estamos de acuerdo en adaptarnos al marco global que decida el CPFF", donde, subrayó, la decisión que se tome será "multilateral" y "no unilateral" por parte del Estado.

Asimismo, el consejero abogó por los principios de "eficiencia, austeridad y transparencia" en el gasto público y por "garantizar la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo" y comentó que la Comunidad autónoma va a realizar una "distribución homogénea" de la deuda "en los próximos 20 ó 30 años" para que "no haya altibajos y el esfuerzo futuro sea homogéneo", dejando "más libres" los años 2011 y 2012 para que la situación económica mejore, dijo. ADELANTADO

Alberto Larraz manifestó que no sabía "si se puede encontrar un presupuesto que se haya adelantado con tanta claridad a lo que está pidiendo el Gobierno central a otras Comunidades autónomas" como el elaborado por la Comunidad aragonesa para 2010.

El consejero incidió en que el Ejecutivo aragonés diseñó para 2010 unas cuentas "muy restrictivas", cuya elaboración y aprobación "ha costado mucho" y que fueron criticadas. Además, recordó algunas de las cifras del presupuesto, que "reduce su tamaño por primera vez en la historia", recordó.

Así, se reduce el capítulo de personal (capítulo 1) y el de gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2), este último en 46 millones de euros, lo que supone un 6,5 por ciento, con disminuciones en gastos de protocolo y representación (-17,8 por ciento), gastos de divulgación y promoción (-36%), gastos de reuniones y conferencias (-45%).

Asimismo, ha bajado el capítulo de transferencias corrientes a otras instituciones (capítulo 4) un 3,4 por ciento, en 57 millones de euros, y los capítulos inversores, el 6 y el 7, un 9,98 y 19 por ciento, respectivamente. Por otra parte, señaló que Aragón tiene una deuda que está entre un 2,5 a 3 por ciento por debajo de la media y el endeudamiento de las empresas públicas también está por debajo de la media.

En relación con estas últimas, aclaró que el 80 por ciento del volumen se concentra en cinco empresas públicas, la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za), Suelo y Vivienda de Aragón, Aramón, Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa (SIRASA), y Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón (SODEMASA). El resto, añadió, son "pequeñas", algunas de ellas "ya las hemos eliminado y concentrado y más que haremos", puesto que algunas están en "revisión". "INSUFICIENTES"

El portavoz del PP, Eloy Suárez, consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para el ahorro son todavía "insuficientes" ya que, de un presupuesto de la Comunidad autónoma de 5.800 millones de euros, el recorte en gasto corriente es de 123 millones de euros. Agregó que el PP había realizado 13 iniciativas con medidas de ahorro por valor de 600 millones de euros.

En opinión del parlamentario 'popular' el Ejecutivo autonómico la política presupuestaria correcta hubiera sido "aguantar" la inversión y bajar más el gasto corriente con medidas "de calado" como la "reestructuración" del sector público, la reducción de empresas públicas, de los cargos directivos y de sus sueldos, así como disminuyendo los cargos de confianza. También criticó el incremento del endeudamiento "trasladando el problema a generaciones futuras".

El diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, quiso saber "quien va a ser el que pague la crisis" y a quienes van a afectar los recortes para conseguir un déficit público del 1,1 por ciento del Producto Interior Bruto en 2013, y abogó por "racionalizar" el sector público y empresarial, lo que permitiría "ahorro del gasto", así como por una reforma fiscal que avance en la progresividad para que "las rentas altas hagan el esfuerzo para impulsar un nuevo modelo económico".

El diputado de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, criticó "que se convierta la reducción del gasto en reducción de empleo" y apostó por "gestionar mejor" las cuentas públicas, no invirtiendo en proyectos como el nuevo campo de fútbol del Zaragoza o en el impulso de la candidatura Zaragoza-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, al tiempo que pidió políticas de creación de empleo.

El diputado del Partido Socialista, Antonio Piazuelo, uno de los grupos que apoya al Gobierno, centró parte de su intervención en responder al PP, a quien animó a proponer un debate "sobre qué pasa entre las Comunidades autónomas que gobiernan ustedes y en las que gobernamos nosotros" y trasladó su apoyó al Ejecutivo aragonés.

Por su parte, la parlamentaria del Partido Aragonés, Ana de Salas, el otro grupo que apoya al Gobierno, resaltó el "anticipo" de la Comunidad autónoma en su política presupuestaria de 2010 y defendió que debería ser el Gobierno de la nación quien "protagonice el recorte presupuestario y dé ejemplo de austeridad".

Según apuntó, el Ejecutivo central "tiene mayor capacidad de recorte que el anunciado" ya que mantiene ministerios casi sin competencias y la misma estructura bucrocrática y de cargos públicos de hace unos años, a pesar de haber disminuido sus competencias, transferidas a las Comunidades autónomas, que son quienes gestionan "servicios básicos del Estado de Bienestar", como la sanidad, la educación y los servicios sociales y por eso tienen más dificultad para realizar recortes, argumentó.