El Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, ha remitido tanto al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, como al Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, un informe con la situación en la que se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, ubicado en la zona de Capuchinos de la capital.

Según explicó Gutiérrez, tras la visita que realizó al centro, remitió tanto a Múgica como a Chamizo distintas fotografías y un informe, en el que se concluía "lo mismo" que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el sentido de que "las instalaciones no reúnen las condiciones" y que "el problema no es un lavado de cara, sino de cambio casi radical" de las instalaciones.

En este sentido, apuntó en declaraciones a Europa Press que desde la oficina del Defensor del Pueblo español "ya se han iniciado los trámites y se ha pedido información al Ministerio del Interior" y precisó que la idea "es que el CIE se traslade a otro sitio, a unas instalaciones nuevas".

Indicó que la posibilidad del traslado de este centro a una parcela del polígono del Guadalhorce "es la mejor solución", por lo que abogó por ello e instó tanto al Ministerio como al Ayuntamiento de Málaga "a que se pongan de acuerdo" en este proyecto, que, según se dijo en su día, supondría crear, además de un nuevo CIE más moderno, un complejo policial con "unidades de élite".

Gutiérrez insistió en que el dinero que se invierta en reformas del inmueble actual será hacer "un lavado de cara que no sirve porque el edificio no tiene las condiciones necesarias" y lamentó que se "antepongan los intereses económicos.REFORMAS

Expertos en riesgos laborales del SUP realizaron el pasado 10 de febrero una inspección al centro, que acoge también las unidades caninas, subsuelo, la especializada en atención a la mujer y las sedes sindicales, en la que se concluía que presentaba un estado "ruinoso", por lo que no se podía asegurar la vida y la integridad física de internos y policías.

En dicha visita, los expertos observaron "humedades en todos los edificios del complejo" y vieron "suelos y techos arqueados en las segundas plantas", así como apuntalamientos de vigas y "escaleras que se hunden", entre otras deficiencias. Por esto, desde el sindicato policial pidieron la clausura de las instalaciones y el traslado de los internos.

Tras esta denuncia pública, desde la Subdelegación del Gobierno se informó de que se iban a acometer de forma "inmediata" las reformas "más urgentes y necesarias" para garantizar la seguridad de los funcionarios e internos, además de que estaba previsto reducir la llegada de internos "para evitar situaciones de riesgo mientras no concluyan las reformas".

En este sentido, el fiscal de Extranjería, Juan Bermejo, que realizó también una visita a las instalaciones, valoró las reformas que ya se están acometiendo destinadas a mantener la habitabilidad del edificio, aunque precisó en declaraciones a Europa Press que la solución pasa "por un nuevo centro de internamiento".

Estas actuaciones se centran sobre todo en el acondicionamiento de los almacenes, en cuanto a pintura y albañilería; el mantenimiento de suelos y mejoras en aseos. El fiscal destacó que estas obras son "necesarias" para mantener las condiciones mínimas, aunque insistió en la idea de un nuevo centro.