Magistrados y neurólogos apostaron hoy por regular los procesos de incapacitación de las personas con demencia, una enfermedad que se duplicará en los próximos 20 años como consecuencia del envejecimiento de la población, según advirtió la neuróloga Mercé Boada, coordinadora del Documento Sitges 2009.

En declaraciones a Europa Press antes de comenzar el encuentro en el que se dará cuenta de las conclusiones del Documento Sitges 2009, la doctora Boada reparó en el "vacío de comunicación entre las instituciones jurídicas y médicas" antes de este documento y que ha llevado a la necesidad de "aunar voluntades y conocimiento".

Según explicó, el Documento Sitges nació con el objetivo de paliar esta falta de comunicación entre dos mundos ajenos y de defender al enfermo de demencia en cualquier situación, analizar su capacidad para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida.

"Tenemos que intentar aunar voluntades, perspectivas desde diferentes ámbitos, el ámbito médico y el judicial", señaló Boada, quien advirtió de los peligros de las "incomprensiones" entre ambos mundos. "De lo contrario, el resultado final es que no le ofrecemos la protección que tenemos que dar a estos pacientes", indicó.

El documento Sitges 2009 ha sido elaborado por el Grupo de Trastornos cognitivos y de la Conducta de la Sociedad Española de Neurología con la colaboración de un grupo de expertos formado por abogados, notarios, magistrados, neurólogos y especialistas en bioética, trabajo social y con representantes de los pacientes.

Según explicó Boada, el objetivo principal del documento es "revisar las medidas de protección médica, judicial y social para evitar la incapacitación total como solución única" puesto que, las demencias provocan muchas alteraciones y cada una de ellas requiere grados de incapacitación distintos.

Legislación más adecuada

A su entender, se necesita una legislación más adecuada, adaptadas a las necesidades que presenta esta enfermedad a quienes la padecen. "Se necesita inversión para no demorar más el proceso, para agilizarlo. Las instituciones jurídicas y médicas hemos de acercarnos una a la otra y hemos de trabajar en común", sostuvo.

Asimismo, señaló la importancia de "respetar la dignidad de las personas". Según indicó, el documento "expresa la necesidad de respetar al máximo la autonomía de las personas que es, en realidad, respetar su libertad". "Los colectivos jurídico médicos quieren trabajar para defender al enfermo de cualquier situación", afirmó.

Por último, indicó que la nueva edición recuerda la existencia de una herramienta muy importante en estos casos, el Documento de Voluntades Previas o Anticipadas (DVA) o testamento vital, que permite manifestar de forma anticipada decisiones personales antes de que a la persona le sea imposible expresar su voluntad.