En rueda de prensa, la secretaria de Servizos ao Rural de la organización agraria, Isabel Vilalba, explicó que los afiliados al régimen agrario o autónomos con una incapacidad están obligados desde 1998 a contratar estas prestaciones a mutuas privadas y que algunas de las que operan en Galicia exigen a sus clientes que rellenen un formulario en el que se autoriza a la empresa a recabar su historia clínica a centros sanitarios y derivarlo a facultativos externos sin aclarar "con qué fin".

En concreto, acusó a Mutua Gallega de imponer "condiciones abusivas" al denunciar que pide esta autorización —en un formulario entregado a los periodistas—, que es "libre" de dar o no, cuando sus clientes solicitan la prestación por incapacidad. "Muchas personas pueden entender que esa autorización es obligatoria", entendió, por lo que insistió en que el SLG estudia las fórmulas para plantear una denuncia.

Vilalba alertó de que el uso y venta de bases de datos está originando "problemas" y aseguró que no existe justificación para que los informes médicos "anden sin control". Así, diferenció esta actuación del seguimiento de la evolución de una patología concreta por parte de la mutua.

En esta línea, reprobó que algunas mutuas privadas hayan solicitado la suspensión de la prestación que percibían determinados clientes que no acudieron a su cita con la aseguradora a raíz de los distintos temporales registrados este invierno.