Para ello, el tribunal considera «permanente, reiterado e inalterable el testimonio de los menores, sobre los golpes que les propinaban sus padres, con bastante frecuencia, inopinada e inesperadamente, sin motivo aparente».

Los hechos juzgados se iniciaron en 2001, cuando la Conselleria de Bienestar Social acordó declarar a los menores en situación de desamparo por «el inadecuado ejercicio de los deberes de protección por parte de los padres», ya que, al margen de «no cubrir las necesidades» de los niños, les propinaban malos tratos físicos.

Acogidos en familias

Tras ser asistidos en centros de acogida, los tres menores fueron acogidos por familias alicantinas que, en su convivencia con éstos, apreciaron comportamientos anómalos de carácter sexual.

Un informe psicológico estableció que los menores podrían haber sido sometidos a una serie de abusos sexuales por parte de sus padres. Pero en la sala judicial los menores lo negaron.