Barberá reta al Tribunal Constitucional y seguirá con los derribos del Cabanyal

  • El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el decreto que permite derribos en el barrio.
  • Rita Barberá afirma que la decisión del Constitucional no se pronuncia sobre "el plan ni los derribos".
  • "Vamos a cumplir con la ley y a defender nuestras competencias ante los tribunales", declara la alcaldesa de Valencia.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
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El Ayuntamiento de Valencia continuará con las actuaciones previstas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio del Cabanyal fuera de la zona del mismo que no está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo anunció este viernes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso que el Gobierno interpuso contra el decreto ley del Ejecutivo valenciano que permite los derribos del barrio del Cabanyal (Valencia) y haya suspendido la vigencia de la norma impugnada.

La decisión del Constitucional no se pronuncia sobre "el plan ni los derribos", declaró Barberá, quien añadió que únicamente anula el citado decreto de la Generalitat, por lo que vuelve a quedar vigente la orden ministerial del pasado 4 de enero que paralizó el plan al considerarlo un expolio del patrimonio histórico.

Barberá señaló que esta orden del Ministerio de Cultura sólo puede aplicarse a la zona BIC afectada por el PEPRI, que únicamente es "el 4,13%" de toda la superficie del plan.

"Luchando lo que haga falta"

Fuera de esta zona catalogada, el Ayuntamiento es "competente para ejecutar las actuaciones previstas", manifestó la alcaldesa, quien aseguró que va a desarrollar este proyecto urbanístico "luchando todo lo que haga falta y donde sea necesario".

La admisión a trámite "no dice nada de los derribos ni de las obras", únicamente suspende el decreto del Consell "por imperativo legal", ya que "todas" las admisiones a trámite de este tipo de recursos conllevan una anulación de la norma recurrida, pero no ha "paralizado nada", insistió.

El PEPRI "tiene una parte BIC, y ahí quizá se pueda determinar que haya expolio", pero fuera de esta zona el Ministerio "no tiene la menor competencia". "Vamos a cumplir con la ley y a defender nuestras competencias ante los tribunales", señaló la alcaldesa, quien recordó que el Ayuntamiento también ha presentado un recurso contra la orden ministerial.

"Los que lo paralizan tendrán que dar cuenta por saltarse la naturaleza de la democracia", avisó. También recordó que el Constitucional tiene ahora un plazo de cinco meses prorrogable para pronunciarse definitivamente sobre el decreto del Consell.

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