La Consellería de Traballo e Benestar "afinará muchísimo la persecución" de "prácticas deplorables" en el funcionamiento del servicio de transporte adaptado 065, tales como retrasos o anulaciones de las rutas de los vehículos, aunque el porcentaje de quejas recibidas por esta cuestión "no supera el dos por ciento" de los usuarios.

Así lo explicó hoy la directora xeral de Dependencia, Coro Piñeiro, en la Comisión 5ª, en respuesta a una pregunta presentada por el diputado del BNG Carlos Aymerich, quien denunció "anomalías" en el servicio 065, tales como demoras en la recogida de los usuarios o cancelación de rutas, motivadas, según apuntó, por que los vehículos podrían estar siendo utilizados por las empresas para otros fines, como el transporte escolar.

Sobre esta cuestión, la directora xeral negó tener conocimiento de estos hechos y aseguró que "no se cancela ningún servicio" realizado por el 065 que "haya sido confirmado antes", "a excepción que haya averías" y atribuyó las demoras a "las condiciones de acceso al lugar de recogida" y a "las propias condiciones de los usuarios".

Asimismo, explicó que en el decreto del 065 aprobado por el bipartito "existe la posibilidad de denegar algún servicio" y criticó particularmente que no se implantasen tras su creación "sistemas de formación" para los técnicos —tanto de los vehículos como del centro de llamadas— sobre las "necesidades especiales de los usuarios", lo que provocó "un mal diseño de las rutas".

Sobre la posibilidad de que los vehículos se estén empleando para otros fines, Coro Piñeiro aseguró que no existen datos, aunque afirmó que la Xunta "sancionará siempre que se demuestre que se está incurriendo en alguna irregularidad" y que se "afinará en la persecución" de "este tipo de prácticas" aunque "las quejas no llegan al dos por ciento" de los usuarios del servicio. AYUNTAMIENTOS

Por otra parte, Carlos Aymerich sacó a relucir una carta enviada el 28 de diciembre por la secretaria xeral de Familia, Susana López Abella, a los ayuntamientos, en la que se les pedía que fuesen las entidades municipales las que gestionasen el servicio de transporte adaptado durante los meses de enero y febrero.

En su intervención, la directora xeral atribuyó este hecho a la extinción planeada del Programa Anta el 31 de diciembre a favor del Programa 065 de transporte adaptado, dado que, a esta fecha, "1.700 personas" del plan precedente "aún no habían completado los trámites" para convertirse en usuarios del 065, con lo que la consellería propuso que la continuidad recayese provisionalmente en los ayuntamientos para "no dejar de prestar el servicio".

Durante este periodo, indicó Coro Piñeiro, el departamento autonómico realizó un análisis de las necesidades de estas zonas en donde aún no se había implantado el 065, con lo que, concluyeron, será necesario ampliarlo hasta ocho nuevas zonas. La Xunta prevé tener terminado este proceso en el mes de marzo.