El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Lorenzo Ramos, reclamó hoy al Gobierno central que "ponga en marcha" en el plazo de "una semana" o "diez días" el paquete de medidas comprometidas por el titular del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se reunió con representantes de los sindicatos agrarios y cooperativas el 14 enero.

En rueda de prensa para analizar la situación del sector agroalimentario junto al secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, el responsable de UPA denunció que no hay "concreción" de "ninguna de las medidas" que el Gobierno central se había comprometido a impulsar.

"O se ponen —aplican— ya o la gente no va a aguantar más", advirtió en relación a las "expectativas" generadas en el sector por el encuentro con Rodríguez Zapatero, una cuestión que, aseguró, le trasladaron este martes a la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa.

También confió en que el presidente español vuelva a recibir a los representantes agrarios o bien el 28 de febrero "o lo antes posible", al considerar que la situación del sector agroganadero puede provocar que "en muy poquito tiempo" se recurra a las "movilizaciones".

Medidas fiscales y financieras

El Gobierno remitió la semana pasada, según explicó, un documento a las organizaciones agrarias en el que perfilaba sus propuestas en materia de financiación, centradas en la 'novación' —aplazamiento de la devolución y pago de intereses de sus préstamos— por un año de los créditos oficiales suscritos por agricultores y ganaderos, así como de los préstamos de ganadería, heladas y sequía durante el mismo periodo. No obstante, UPA reclama que estas dos iniciativas abarquen dos años de duración y que se apliquen antes de fin de mes.

El Ejecutivo también había comprometido —añadió Ramos— la creación de una línea específica del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para profesionales agrarios y una modalidad de tarifas eléctricas concebidas para este mismo colectivo.

UPA solicita, además, que se mantengan las medidas fiscales aprobadas en 2005 a raíz del encarecimiento de los combustibles y un incremento del IVA en los productos que vendan los profesionales agrarios. "El ganadero paga un precio justo por el producto pero hay una muy mala distribución del dinero", consideró Ramos en relación a los márgenes comerciales.

Por su parte, el responsable de Unións Agrarias, más optimista, interpretó que el MARM tiene "muy avanzadas" las iniciativas de carácter financiero, de las que señaló que ahora se discuten las condiciones y que dependen de la negociación del Gobierno con las entidades financieras. "Creo que va a esperar —Elena Espinosa— para anunciar la primicia el sábado cuando venga —al 8º congreso de Unións Agrarias—, sería un buen foro", bromeó García en referencia a la presencia de la ministra el sábado en Santiago.

También confió en la gestión del Ministerio de Industria acerca de las tarifas eléctricas, aunque vio más compleja la posibilidad de lograr una fiscalidad específica para agricultores en el actual contexto de reforma fiscal.

Futuro de la pac y regulación de precios

En materia de mercados, Ramos saludó que el Gobierno aproveche la presidencia española de la UE para "propiciar" el debate sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), así como para "abrir" una discusión acerca de la "caída de precios" y "pérdida de rentabilidad" de los profesionales europeos.

En este punto, confió en que se impulse "alguna" iniciativa legislativa que permita modificar la Organización Común de Mercados (OCM) única y abordar la negociación de precios durante la presidencia española.

Como apuntó el responsable de Unións Agrarias, representantes de las dos organizaciones mantendrán una reunión con el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, en la que plantearán la necesidad de que "se cambien las normas de la competencia" en la UE. En esta línea, Ramos destacó la "sensibilidad" hacia el sector agroganadero del nuevo comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, e ironizó con que Mariann Fischer Boel fue capaz de hacer "olvidar" a su antecesor en el cargo, Frank Fichsler.

Negociación colectiva en españa

En el ámbito estatal, Ramos consideró que el Ejecutivo, a través del MARM y otros ministerios, además de las comunidades autónomas, puede impulsar acuerdos de negociación colectiva en los que, aparte de acordar normas de calidad y fechas de entrega, "se hable de precios".

Sobre esta cuestión, subrayó la necesidad de modificar la normativa de interprofesionales y de elaborar un código de buenas prácticas comerciales, así como que el sector agroalimentario figure en la Ley de Economía Sostenible.

El responsable de UPA realizó, además, un "llamamiento" a la Comisión Nacional de Competencia (CNC), órgano del que aseguró que "más que un seguimiento" a la actividad de agricultores y ganaderos "parece" que los "persiguen continuamente". "No sé si quieren que hagamos las cosas de tapado, pero aquí hace falta mucha transparencia", aseveró. A este respecto, García demandó la "paralización" de la actividad "frenética" de la CNC hasta que se produzca un cambio legislativo.