Díaz-Cano, que mantuvo una reunión con los secretarios regionales de CCOO y UGT, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, respectivamente, donde los líderes sindicales le mostraron su rechazo a la propuesta del Gobierno de aumentar la edad de jubilación a los 67 años, dijo respetar su decisión "porque ellos tienen la misión constitucional que tienen".

"Lo que hace el Gobierno es remitir una propuesta a la Comisión del Pacto de Toledo, que es el ámbito donde se tiene que discutir este tipo de medidas que afectan a la posible reforma del sistema de pensiones, en este caso una medida que plantea prolongar la vida laboral desde los 65 a los 67 años", puntualizó.

Según indicó, el Gobierno lo lleva a la Comisión donde se tiene que discutir y debatir y también quiere llevar esa iniciativa a la mesa del diálogo social donde están presentes los sindicatos y empresarios "para que también aporten sus consideraciones y sus argumentos a esta posible iniciativa".

El delegado del Gobierno explicó que la razón que le mueve al Gobierno a hacer esta propuesta es "de responsabilidad". "Hoy el sistema público de pensiones goza de muy buena salud pero según la evolución de la población en nuestro país dentro de 30 años, el 32 por ciento de la población tendrá más de 64 años", argumentó.

Por lo tanto, las personas entre 16 y 64 años descenderán en 6 millones de personas, lo que, según afirmó, "puede plantear un problema desde el punto de vista de la financiación del sistema público de pensiones". "Precisamente —indicó— porque se hace un ejercicio de responsabilidad, se envía una medida para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el futuro, dentro de 30 años".

"El Gobierno, a lo largo de estos últimos seis años, es el que más ha subido las pensiones mínimas en nuestro país, creciendo en un 32 por ciento, algo que no había sucedido nunca. Yo creo que el Gobierno tiene acreditada su sensibilidad en relación con este tema", agregó Díaz-Cano.

En cualquier caso, el delegado del Gobierno dijo confiar en que "con el mejor ánimo" por parte de todos los interlocutores sociales y económicos y también políticos "se entre a discutir y debatir un tema que nos afecta a todos".