En rueda de prensa, el ministro anunció que esta misma semana el Ministerio de Administraciones Públicas y el de Exteriores y Cooperación decidirán cuál será el organismo que se encargará de recibir y traducir los escritos dirigidos al Consejo de la UE en las lenguas vernáculas, así como las respuestas de esta institución europea.

"Hay dos posibilidades, que sea Administraciones Públicas sólo o con ayuda de la Representación Permanente de España en Bruselas o del Ministerio de Asuntos Exteriores; pero esta cuestión se resolverá esta semana", garantizó el ministro.

"Por lo tanto, en un máximo de dos semanas los españoles que deseen dirigirse (al Consejo de la UE) en alguna de estas lenguas podrán hacerlo sin mayores dificultades".

El ministro español y su homólogo británico, Jack Straw, actual presidente del Consejo de la UE, firmaron en Bruselas el acuerdo administrativo que articulará el uso de las lenguas cooficiales españolas -gallego, euskera y catalán/valenciano- en esta institución.

Se trata del primero de una serie de ocho que España concluirá con las principales instituciones y órganos de la UE, e irá seguido de los alusivos a la Comisión Europea, el Comité de Regiones y el Parlamento Europeo.

El relativo al Consejo de la UE permitirá "a partir de ahora mismo", según Moratinos, a cualquier representante español, sea ministro o consejero autonómico, que participe en los debates del Consejo, hablar en cualquiera de las lenguas cooficiales.

Según estipulan las normas del Consejo, los representantes de las Comunidades Autónomas que participan como miembros de la delegación española deberán contar con la autorización del jefe de la delegación para expresarse.

Preguntado por la prensa, Moratinos confirmó que no sólo los consejeros regionales, sino también algún ministro del Gobierno ha anunciado su intención de hablar a sus homólogos europeos en otra lengua distinta del castellano, pero no quiso decir quién. "Ya lo comprobarán ustedes", se limitó a añadir.

El ministro se congratuló por el "éxito" de la negociación emprendida por el Gobierno en Europa en defensa del uso de todas las lenguas del Estado, tras un proceso "largo y laborioso".

"En un año, desde la primera carta enviada en julio de 2004, algo que parecía a algunos imposible se ha logrado: que las lenguas cooficiales españolas tengan el reconocimiento máximo en las instituciones europeas", comentó.