Así, en unas semanas comenzará una ronda de entrevistas con los afectados dirigidos por la Dirección General de Biodiversidad, que se encargará de "aclarar la situación de las propiedades en monte público" caso por caso, con la documentación aportada por cada vecino.

La reunión ha sido "muy satisfactoria", según señaló el consejero. En ella, se han ido apuntando "varias vías" de solución a este conflicto burocrático, que se remonta en la mayoría de los casos a derechos de propiedad adquiridos a finales del siglo XIX y principios del XX.

María Eugenia Calvo, directora general de Biodiversidad, ha destacóo que "es necesario" que se presente un documento "que avale las propiedades". Se estudiarán, y en caso de verse claro, "se podrá acceder a sus peticiones en el marco de respeto a la ley y en ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas la Consejería, a través de la Dirección General de Biodiversidad".

La falta de cotejo entre las propiedades acreditadas por los vecinos en el Registro y el catálogo de utilidad pública de montes desde hace más de un siglo ha ido derivando en una situación caótica, "que ya implica a los sucesores", ha destacado Oria. Existen 50 afectados que se consideraban dueños de un determinado espacio ahora cuestionado.

El consejero explicó que es obligado "consultar el catálogo" por parte de la Administración. Los recibos y papeles de obras de hace décadas serán una pieza clave en todo el proceso, pues mostrarían "de facto" la existencia de actividades económicas y de presencia de personas habitando en ese lugar desde entonces.

Los concejales del Ayuntamiento de Cartes presentes en la reunión expresaron su convencimiento de que "todos los grupos políticos aunarán esfuerzos" para resolver la problemática existente. Oria ha informado a su vez del "nulo interés" en hacerse con propiedades, puesto que comprende que son "problemas burocráticos" que, a su parecer, tienen fácil solución "si hay voluntad de todos".