La sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en el Ayuntamiento de Sevilla anunció hoy que alegará contra algunos aspectos incluidos en la futura ordenanza para la retirada telemática de vehículos —que se encuentra a la espera de su aprobación definitiva—, tales como la posible repercusión económica de los gastos originados como consecuencia de la inmovilización del vehículo sobre la Policía Local.

El presidente de la sección del Sppme en el Consistorio hispalense, Manuel Bustelo, explicó a Europa Press que los servicios jurídicos del sindicato están estudiando este aspecto, incluido en el artículo 8 de la ordenanza, ya que "ello implica que Aussa se lleva el dinero pero nunca pierde, mientras que la decisión que tome el Policía Local puede ser en base a una fotografía mal hecha o manipulada".

Otro de los aspectos que la central sindical recurrirá será la futura actuación de gruistas como agentes de la autoridad, criterio que en su día el Sppme recurrió contra la imposición de denuncias por parte de trabajadores de Lipasam, litigio en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón a los policías.

Por último, Bustelo explicó que en el texto de la ordenanza no viene recogido nada referente al equipamiento con el que los testimonios gráficos deben llevarse a cabo, "dejando así la puerta abierta a que las fotos puedan hacerse con cualquier medio, por deficiente que sea, y los riesgos que ello podría traer consigo".

Los trabajadores de la grúa de Sevilla, por su parte, ya decidieron por unanimidad en asamblea general, tras un encuentro del comité de empresa del organismo que gestiona este servicio en la capital hispalense (Aussa), negarse a seguir la futura ordenanza, aduciendo que no llevarán a cabo esta labor sin la presencia de la Policía Local.

Así lo indicó a Europa Press el presidente del comité de empresa de Aussa, Carlos Ortiz (CSI-F), que manifestó la postura del ente al señalar que apoya a los gruistas que han tomado esta decisión, así como la de "adoptar todas las medidas necesarias encaminadas a la retirada de dicha ordenanza".

Esta resolución se ha tomado al considerar que la medida "compromete gravemente" la seguridad física de los trabajadores", a pesar de que desde la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento se insiste respecto a la ordenanza —aprobada la pasada semana de manera inicial con la abstención de PP e IU— en que los gruistas "nunca" serán autoridad y que la nueva normativa no supondrá que éstos vayan "de cacería".