El conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, criticó hoy con dureza el "no a todo" que la Xunta recibió del Gobierno central en la última reunión de la Comisión Bilateral y aseguró que el propio ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, admitió que la negativa estatal a transferir a Galicia nuevas competencias responde a "criterios políticos".

"Yo se lo pregunté y dejó claro que es una postura política, que el Gobierno actúa así por planteamientos políticos; y si hay actas, que supongo que sí, lo recogerán", aseveró Rueda en el transcurso en el pleno del Parlamento gallego, donde compareció para informar de los resultados del encuentro que mantuvo en Madrid el pasado martes la Comisión Bilateral Xunta-Estado.

En su intervención, el conselleiro denunció la "absoluta cerrazón" del Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de "jugar al despiste" con Galicia al igual que Chaves y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y le culpó del "fracaso estrepitoso" en el que se tradujo un encuentro al que la delegación gallega acudía con la intención de negociar un paquete de 17 competencias.

"La respuesta fue no a todo, plazos y compromisos; el único avance se produjo respecto al traspaso de la AP-53 y de la AP-9", explicó y reprobó la postura del Gobierno, que aconsejó a Galicia reformar el Estatuto de Autonomía para seguir ganando autogobierno. Al respecto, Rueda insistió en que todavía hay competencias a transferir en el actual marco estatutario y vías constitucionales para poder hacerlo.

Así las cosas, Alfonso Rueda proclamó que "lo que falla es la voluntad del Gobierno" e insistió en que no responde a las demandas de la comunidad "porque no interesa políticamente". Ejemplificó con el traspaso de las competencias de tráfico, en el que De la Vega advirtió "dificultades técnicas" el pasado sábado cuando —recalcó— ya se daba "por cerrado".

"El Gobierno quiere diferenciar entre comunidades de primera y de segunda", recriminó Rueda y le instó a "explicar por qué". Al tiempo, subrayó que es "inadmisible políticamente" que se "juegue" con los derechos de los gallegos y advirtió de que la Xunta no va a "consentir" que se "discrimine" a Galicia, como a su juicio certifica también el recurso a la Ley de Cajas presentado hoy ante el Tribunal Constitucional (TC).

Nuevo estatuto

En el polo opuesto, los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— criticaron el "patético" resultado de la reunión, lamentaron las "quejas" de Alfonso Rueda, y coincidieron en la necesidad de emprender la reforma del Estatuto de Autonomía, tal y como el Gobierno central aconsejó a la Xunta.

Así, el diputado del BNG y ex vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana avisó a Rueda de que la política de "agravios y victimismo" da pocos resultados y lamentó que lleve "quejas" a la Cámara autonómica en vez de "una estrategia" de negociación. En este punto, retomó la "cooperación inteligente", tan "denostada" por el PP en la oposición, y acusó a la Xunta de cambiar la estrategia de "sumisión" del Gobierno de Fraga por una de "enfrentamiento inútil", cuyo resultado es "cero patatero".

"¿Eso es todo lo que nos puede ofrecer?", se preguntó Quintana antes de pedir a Rueda que impulse una estrategia asentada basada en "continuar el trabajo hecho", actuar "políticamente" para que en el Congreso se mantenga la "unidad" del Parlamento en el debate de determinadas transferencias —como las competencias de tráfico— y que inicie "de inmediato" los trabajos para que Galicia tenga "un Estatuto de nación" que le otorgue un marco competencial acorde "con el siglo XXI".

Con la petición de reformar un texto estatutario coincidió el diputado socialista José Luis Méndez Romeu, quien advirtió, además, de que el proceso debería arrancar desde las "entrañas" de la representación ciudadana, es decir, desde el Parlamento "soberano" y no partiendo de una propuesta "del PP", en referencia al proyecto que el actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a articular en su programa electoral antes de que finalice la legislatura.

"Ahora es el momento, no hay nada que lo impida", proclamó Méndez Romeu y resaltó el hecho de que ambos grupos de la oposición tienen la "misma postura" que mantuvieron durante su gestión al frente del anterior Gobierno bipartito. "Basta de quejas, Madrid no regala nada y a Galicia, de llorar, ya le llegó", apostilló Anxo Quintana.

Cajas y autogobierno

En su turno de réplica, Alfonso Rueda advirtió a Méndez Romeu de que la Xunta cumplirá con su compromiso de presentar un proyecto de reforma para el Estatuto de Autonomía, pero aseguró que "no es de recibo" que la comunidad lo haga "porque lo diga un secretario de Estado". "Cuando la presentemos, será una propuesta de Gobierno y no de partido", proclamó, ante la "estupefacción" de Méndez Romeu.

El titular de Presidencia introdujo la polémica sobre las cajas en el debate al asegurar que "no es casual" que la "cerrazón" del Ejecutivo central en materia de competencias "coincida" con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Cajas. "Evidencia que el Gobierno quiere optar por un conflicto Xunta-Estado", remachó.

Frente a ello, Méndez Romeu insistió en que existe una mesa de diálogo previo con el Estado para poder retocar las leyes antes de su aprobación y así evitar recursos ante el Constitucional. "En la pasada legislatura este procedimiento se activó en cuatro ocasiones y permitió que la Xunta pudiera realizar mejoras en sus normas evitando otros tantos recursos", espetó.

Al respecto, el diputado del PPdeG Pedro Puy Fraga alegó en su intervención que, antes de su aprobación, la Ley de Cajas se publicó en el diario del Parlamento sin que el Gobierno se pusiese en contacto con Galicia para manifestar sus dudas hacia ningún punto. En la misma idea incidió Rueda, quien advirtió de que ese hubiera sido un gesto "de lealtad institucional".

"El resto es poner al Parlamento bajo sospecha", añadió y advirtió a la oposición de que la negativa del Gobierno a la petición de traspasos y a que Galicia "tenga un marco financiero solvente" supone "comprometer seriamente" el desarrollo del autogobierno de la comunidad. "Que nadie se engañe, decir que no a la fusión de las cajas es decir que no, así, de repente, a la mitad del impacto que podríamos tener con la reforma del Estatuto, que es tanto como decir a la mitad de nuestro futuro Estatuto", concluyó.