"No habrá excepciones", indica un memorándum enviado el viernes a los empleados del ala oeste de la mansión presidencial sobre las clases que, entre el lunes y miércoles próximos, organizará la oficina legal de la Casa Blanca.

Las clases obligatorias afectarán a empleados que tengan acceso a datos delicados o secretos que por ningún motivo deben filtrarse a la prensa.

Según informó el sábado The Washington Post, Bush consultó la idea de las clases el pasado fin de semana con su jefe de personal, Andrew Card, y su principal consejera legal, Harriet Miers.

Contra una crisis de debilidad

Bush, quien afronta una crisis de credibilidad, según algunos sondeos de opinión, decidió enviar a sus empleados a las "clases de actualización" sobre ética después de que uno de sus más cercanos asesores fuese procesado en el caso relacionado con la filtración a la prensa que Valerie Plame era una agente de la CIA.

Lewis "Scooter" Libby, asesor de Bush y brazo derecho del vicepresidente, Richard Cheney, fue acusado la semana pasada de cinco cargos de perjurio, obstrucción a la justicia y mentir bajo juramento y, de ser declarado culpable podría afrontar hasta 30 años de cárcel.

Según el memorándum, Bush espera que sus empleados cumplan "al pie de la letra" las normas de ética del Gobierno. Con ese fin, la oficina legal de la Casa Blanca, a cargo de Miers, realizará la próxima semana "una serie de presentaciones y charlas sobre ética, incluyendo los reglamentos sobre el debido manejo de información secreta".

Los empleados tomarán las clases en el orden alfabético de sus apellidos y, de mantenerse ese orden, el principal asesor político de Bush, Karl Rove -también en la mira de los investigadores por el "caso Plame"- asistiría el miércoles próximo.

Lealtad, integridad y honestidad

Ya en enero de 2001, Bush había enviado un memorándum sobre "las normas de conducta oficial" para los empleados públicos, en el que destacó los principios de lealtad, objetividad, integridad y honestidad, entre otros.

La oposición demócrata ha aprovechado esta debacle en el seno de la Casa Blanca para exigir el despido de Rove o que se retire su acceso a datos de suma sensibilidad para EEUU, como medida punitiva por su supuesta participación en el "caso Plame".

La senadora demócrata Barbara Mikulski dijo hoy que Bush y los republicanos deben aprender de estos escándalos. "Las ambiciones políticas de unos pocos nunca deberían anteponerse a hacer lo correcto. En los próximos días, el presidente Bush tendrá la oportunidad de demostrarnos que entiende esta lección", aconsejó Mikulski en un discurso radiofónico.

Pero, el viernes, antes del inicio de la IV Cumbre de las Américas en el balneario argentino de Mar del Plata, Bush evadió comentar sobre el futuro político de Rove, alegando que se trata de una investigación "que todavía no acaba".

Una encuesta del "Washington Post" y la cadena ABC News, divulgada esta semana, indica que el 40% de los estadounidenses cree en la honestidad de Bush, una baja del 13% en los últimos 18 meses.

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