Alicante es tierra de amigos de lo ajeno. Los delitos contra el patrimonio están en un promedio de 77 por cada 1.000 habitantes, cuando la media del país es de 44 y otras urbes más grandes están por debajo de esta tasa: Madrid (60), Barcelona (55), Sevilla (73), Zaragoza (54) y Bilbao (28, aunque sin los datos de la Ertzaintza).

Este volumen hace que el 80% del trabajo judicial en la provincia se origine entre robos (53.686 diligencias previas), hurtos (49.462), sustracciones de vehículos (13.896, en esto también está Alicante a la cabeza de las estadísticas nacionales, incluso en cifras absolutas), estafas (3.442)... según los datos de la última Memoria de la Fiscalía General del Estado, con datos de 2008.

Las razones de este furor por apropiarse de lo que tienen otros, como en el resto de zonas costeras españolas, hay que buscarlas en una combinación explosiva: «Por el mestizaje, hay mucha gente de fuera y también más riqueza, por lo que muchos se aprovechan», explica Carmelo Hernández, técnico de la Oficina Judicial de Coordinación de la Audiencia.

Para paliarlo, en Alicante se fomenta la mediación entre las partes con el fin de evitar llegar a juicio, desde la propia Audiencia, para los casos penales, y gracias a un convenio con el Colegio de Abogados, para los civiles. Y se disuade a algunos denunciantes de ir por la vía penal.

"El ladrón se profesionaliza"

Los ladrones reincidentes agravan la sobrecarga de trabajo en los juzgados. «Hay que romper esa cadena de los habituales o se profesionalizan y lo ven como un trabajo», es el análisis de Carmelo Hernández, técnico de la Audiencia. En el caso de los delitos graves, con violencia... está claro que hay cárcel, pero para los leves, «se les tiene que hacer ver que hay alternativas».