El Gobierno regional aprobó hoy un plan que pretende formar a los 10.000 empleados de la Administración General de la Comunidad Autónoma para evitar o minimizar el riesgo de determinadas actitudes o situaciones agresivas o violentas que se produzcan en el marco del puesto de trabajo y que supongan un daño para la salud del personal de la Administración autonómica.

Su puesta en marcha supondrá la implantación de sistemas de vigilancia, de información y de comunicación, así como la formación del personal al servicio de la Administración en habilidades comunicativas en los distintos centros de trabajo, especialmente en los de mayores factores de riesgo, como los centros de atención al ciudadano, servicios de inspecciones y de sanciones, entre otros.

Se trata del Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones Externas destinada a empleados públicos integrados en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Administración regional, informó la portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, en la rueda de prensa en la que dio a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Por ejemplo, en los últimos cuatro años se han producido 44 amenazas verbales y seis agresiones físicas en el contexto de la administración general, unos datos que "se han puesto sobre la mesa para elaborar el plan", según Reverte, quien informó que la puesta en marcha de este programa permitirá tener "un registro más seguido" de estas incidencias.

Por áreas de actividad, Reverte indicó que, por ejemplo, la Dirección General de Familia y Menor registra un número de amenazas e insultos verbales "muy frecuentes". Así, en el último año se registraron cinco agresiones físicas en este departamento, dos de menores y tres de familiares y, de estas últimas, dos fueron en el centro de trabajo y la otra en el juzgado.

Por su parte, los vigilantes de seguridad, que están en un contacto inmediato con el público, sufrieron unas 35 amenazas en los últimos cuatro años, de las cuales, una derivó en agresión física y conllevó la correspondiente denuncia al agresor. Además, los agentes medioambientales, que también están en contacto directo con el público, sufrieron en los últimos cuatro años unas tres amenazas por discrepancias con cazadores.

Reverte destacó que estos datos "demuestran que, en función de los servicios y áreas de la administración general, esas agresiones pueden ser incluso más frecuentes por la propia situación del área".

Para evitar estas situaciones, el Plan se aplicará con carácter general en todas las consejerías y organismos autónomos de la Administración regional, así como al personal dependiente de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), cuando no les sean de aplicación sus respectivos protocolos.

Estructura del plan

El Plan de Prevención y Actuación ante Agresiones Externas se estructura en cuatro apartados, relativos a medidas de prevención frente a agresiones con actuaciones formativas, informativas y asistenciales, así como medidas de actuación, elaboración y aprobación de planes específicos, e implantación y seguimiento del plan general y de los planes específicos resultantes.

Para lograr los objetivos se potenciarán los recursos necesarios, tanto humanos, como técnicos y de seguridad, para la detección y resolución de conflictos.

El Plan también pretende mejorar la calidad de la atención pública a los usuarios mediante la potenciación de un clima de respeto y consideración mutua, así como la adaptación de la organización para evitar situaciones de conflicto entre usuarios y personal de la Administración y se garantizará la protección de la salud y la asistencia legal al personal agredido.

El Plan fue aprobado por unanimidad el pasado 27 de enero en el Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios, en el que están representadas las organizaciones sindicales UGT, CC.OO., CSI-CSIF y STERM.

Este plan para el personal de Administración general de la Comunidad complementa el importante esfuerzo realizado para la protección ante agresiones y situaciones violentas de los empleados públicos de diferentes ámbitos.

Así, la Consejería de Sanidad y Consumo cuenta con un Plan de Agresiones a Profesionales de la Sanidad de la Región de Murcia, la Consejería de Educación, Formación y Empleo con un Protocolo de Actuación en caso de siniestro o denuncia a cualquier empleado público de los centros educativos, y el Instituto Murciano de Acción Social con otro protocolo de actuación interno para sus empleados.