Según informó ELA en un comunicado, junto al resto de sindicatos convocantes de la huelga del 21-M, LAB, ESK, y STEE-EILAS, formuló una propuesta de servicios mínimos tomando como base los establecidos para la huelga general de 19 de junio de 2002.

Sin embargo, criticó, el Gobierno casco, a la hora de establecer los servicios mínimos para el 21-M, los incrementó respecto de la vez anterior, en el ámbito del transporte regular de viajeros (elevación del 25% al 30%), en el de las residencias geriátricas, y en el de la ayuda a domicilio.

Además, advirtió, dispuso, "por primera vez en este tipo de huelga", servicios mínimos en los centros de día, y en los centros de enseñanza no universitaria y haurreskolak (0 a 3 años).

ELA recurrió dicha Orden por considerar que no todos los sectores contemplados constituyen servicios esenciales y que, en cualquier caso, se trataba de servicios mínimos "no motivados y desproporcionados".

Tras la decisión del TSJPV, ELA señaló que se "confirma" su opinión, coincidente con "la mayoría sindical", del "abuso y desproporción" de la Orden dictada por la consejera Zabaleta, que "pretendía neutralizar los efectos más visibles de la huelga".

"Según declara la sentencia, la falta de motivación, la desproporción y la falta de criterios claros a la hora de establecerlos han sido los motivos que han dado pie a este fallo. ELA ya denunció el carácter abusivo y desproporcionado de los mismos, incluso estableciéndolos por primera vez en el sector de enseñanza y haurreskolak, ya que atentaba contra un derecho fundamental como el de huelga", concluyó.