Las Corts valencianas tramitarán "próximamente" la aprobación de la nueva Ley Valenciana de Régimen Local, que cuenta con el visto de los grupos políticos que forman parte de la junta directiva de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Esta Ley supone "un paso adelante" en la Comunitat con el objetivo de "lograr una mayor transparencia en la gestión de los municipios" y contempla, entre otras medidas, la publicación de la declaración de los bienes de alcaldes y concejales.

Al respecto, Blasco pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "haga efectiva su promesa de impulsar una nueva Ley Básica de Régimen Local que, hoy por hoy, está paralizada porque es incapaz de resolver la financiación de los ayuntamientos", criticó.

En este sentido, recordó que, durante la anterior legislatura, el Ejecutivo elaboró el correspondiente Libro Blanco que dio lugar a un anteproyecto de la Ley Básica del Gobierno y la administración local, pero que "está paralizado" desde 2006 porque el Ejecutivo es "incapaz de resolver la financiación de los ayuntamientos", insistió.

Además de garantizar los 3.000 millones de los 5.000 millones de euros del nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para la financiación local y distribuir el resto del Fondo entre los municipios por medio de "criterios objetivos", el conseller también exigió "incorporar a las Diputaciones en dicho Fondo como operadores directos".

Del mismo modo, apuntó que la Generalitat "también reclama que se devuelvan los 1.100 millones de euros de IVA que ingresó el Estado por las inversiones contempladas en el Fondo del pasado año para destinarlo a gasto corriente de los ayuntamientos, así como medidas compensatorias a los municipios por el coste de los beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales".

Por otro lado, hizo referencia a Ley Valenciana de Régimen Local, impulsada desde el Consell, que introduce novedades en cuanto a la organización de los ayuntamientos, mayores obligaciones en la transparencia de sus cuentas públicas e impulso de la participación ciudadana.

En concreto, contempla la publicación de la declaración de los bienes de los miembros de las corporaciones municipales, obliga a los ayuntamientos a presentar sus cuentas ante la Sindicatura de Cuentas como condición para obtener alguna subvención de la Generalitat, y regula los supuestos del concejal no adscrito, cuyos derechos estarán "limitados".

Defensor del vecino

La norma en la que trabaja el Gobierno valenciano permitirá a los municipios crear la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones o bien la figura del Defensor del Vecino que será designado por el pleno municipal entre vecinos de reconocido prestigio. Este organismo o persona dará cuenta de su actividad al pleno, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la administración, así como el grado de colaboración de los departamentos municipales.

La ley permitirá a los municipios con menos de 500 habitantes, o los que tengan entre 500 y 1.000 habitantes con tendencia demográfica descendente, que se agrupen para el sostenimiento de personal común o para la prestación de determinados servicios básicos no obligatorios en forma mancomunada o bajo cualquier otra fórmula asociativa.

Del mismo modo, se regula la asistencia a los plenos, de forma que "si los miembros de las corporaciones locales, sin justificación alguna, se ausenta de dos plenos o comisiones, o de tres alternativas en un año, podrán ser sancionados con la pérdida del derecho a recibir retribución, igual que si se observa un incumplimiento reiterado de los deberes de su cargo".