Es la cifra más elevada desde la creación de las unidades de recaudación ejecutiva (URE), y en ella ha sido esencial la colaboración de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, aseguró la directora. Como consecuencia, el número de embargos sobre devoluciones tributarias ha subido un 37%. El de bienes inmuebles urbanos ha subido un 49%% y el de cuentas corrientes un 6,21%.

En un año en el que el número de aplazamientos de pago concedidos llegó a 769, un 24% más que en el ejercicio anterior, la Dirección Provincial de Tesorería intensificó el seguimiento de los primeros descubiertos en medianas y grandes empresas. Analizó 385 empresas de las que un 80% normalizaron su situación, bien pagando la deuda o acordando el aplazamiento.