De los datos más relevantes, extraídos de un avance de la situación económica-financiera de los 81 ayuntamientos (de 88) que han remitido la documentación antes del 31 de enero de 2009, hay que reseñar que sólo cuatro cumplen con todos los indicadores de saneamiento económico-financiero (remanente de tesorería, ahorro neto y endeudamiento a largo plazo) y condicionantes de libre disposición (gestión recaudatoria y esfuerzo fiscal), frente a los doce que los cumplieron sobre los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007.

Respecto a los indicadores se saneamiento económico-financiero, 52 de los 81 ayuntamientos auditados cumplieron el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008 (frente a 57 de los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007); 8 el ahorro neto (21 en 2007), y 72 el endeudamiento a largo plazo (76 en 2007).

En cuanto a los condicionantes de libre disposición, 60 ayuntamientos, de los 81 auditados a 31 de diciembre de 2008, cumplieron la gestión recaudatoria (71 en 2007), y 73 el esfuerzo fiscal, frente a los 78 de los 87 ayuntamientos auditados a 31 de diciembre de 2007. De estos datos, se deduce que los indicadores cumplidos por mayor número de ayuntamientos son el esfuerzo fiscal (73) y el endeudamiento a largo plazo (72), mientras que el de menor cumplimiento fue el ahorro neto (8).

A 31 de diciembre de 2009, los ayuntamientos pendientes de auditar el ejercicio 2008, por no haber remitido la documentación necesaria, son cinco: Betancuria, Tegueste, San Sebastián de la Gomera, Telde y Tuineje. Otros dos ayuntamientos —El Rosario y San Bartolomé de Tirajana— no han sido incluidos en este informe por no constar en la Consejería, a 30 de diciembre del pasado año, sus respectivos acuerdos plenarios de toma en consideración de sus auditorías, si bien el de este último municipio grancanario se recibió con posterioridad a esta fecha.

Por su parte, las auditorías de gestión pueden detectar incumplimientos, sobre los que resolverá el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad aplicando la correspondiente sanción.

La Ley 3/1999 obliga a la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad a realizar auditorías de gestión a los Ayuntamientos (artículo 15) para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición, previo al pago final del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente a cada ejercicio.

Asimismo, y de acuerdo al artículo 19.4 de la Ley 3/199, el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad debe informar obligatoriamente al Parlamento de los resultados de este informe, así como de los incumplimientos y sus sanciones.