"Yo que he sido alcaldesa les digo que los reconocimientos extrajudiciales de crédito son herramientas que usan todos los ayuntamientos y que permite la ley", explicó Morales, quien no quiso valorar hasta qué punto cree que este caso tendrá consecuencias.

Además, calificó la operativa del grupo de Gobierno de la localidad tinerfeña como el "trámite normal" y de "perfectamente legal". "No tenemos por qué desconfiar, ya que son gastos que no están en los presupuestos pero que son gastos de funcionamiento habitual de los consistorios", aseguró.

Los hechos denunciados hoy en declaraciones a Europa Press por la coalición IUC-LV, se refieren a los reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por el gobierno local desde 2003 hasta 2008. El concejal de este grupo Francisco Baute aclaró que el reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura legal de la que "debe hacerse uso, no abuso".

Por otra parte, fuentes municipales indicaron a Europa Press que el grupo de Gobierno tuvo conocimiento de la imputación la semana pasada cuando recibieron las citaciones al respecto del Juzgado de Instrucción número 4 de La Orotava. Los ediles debían acudir de tres en tres a las dependencias judiciales a finales de enero, una citación que ha sido pospuesta.