El responsable de la federación del Metal de ELA, Unai Martínez, pidió hoy al Gobierno vasco que "se implique" en la situación de la ITV de Irun y de Urnieta (Gipuzkoa), gestionadas por la multinacional alemana TÜV Rheinland y en huelga indefinida desde el pasado 9 de diciembre para exigir la equiparación de sus condiciones laborales y que se cumpla el acuerdo suscrito en 2007 entre los trabajadores y la empresa, porque es el "responsable" de este servicio público.

En una rueda de prensa en San Sebastián, Martínez, acompañado del responsable de Pymes de ELA, Mikel Muñoz, y del responsable del Comité de Empresa de la ITV de Irún, Ketxus San Emeterio, aseguró que los trabajadores "quieren negociar" y "poner fin a la huelga" para lo cual reclamó a la dirección que "se siente" y "rompa su actitud de lograr máximos beneficios" y de "nula cultura de negociadora" con vistas a suscribir "un buen acuerdo".

Además, pidió al Gobierno vasco, "dueño del servicio", que "se involucre" en esta situación que "se está alargando mucho" y a la que hay que "darle fin", porque es "una tomadura de pelo"" que afirme que "no tiene nada que decir al respecto de este conflicto" cuando fue quien dio la concesión de prestación del servicio por 30 años a Rehinland y es quien "puede decidir en cualquier momento" retirársela.

Martínez lamentó el perjuicio que está suponiendo la huelga indefinida de las ITV de Irún y Urnieta, con 64 trabajadores y donde se realizan unas 700 inspecciones diarias, una "dura" decisión a la que se llegó porque la empresa, con dos centros en Navarra, dos en Gipuzkoa y 18 en todo el Estado, "no está cumpliendo lo acordado en 2007".

En este sentido, denunció que se dan diferencias salariales entre Urnieta e Irún de entre 700 y 1900 euros según categorías, técnicos, inspectores y administrativos, de las que se ven "especialmente perjudicadas las mujeres".

En cuanto a sus reivindicaciones apuntó que los trabajadores reclaman "respeto al acuerdo de 2007", concretamente a las categorías fijadas; mejorar la calidad del servicio, para lo cual se requieren inversiones; reconocer el trabajo de la plantilla" con "todas las obligaciones de un servicio público pero no las condiciones que éstas requieren"; y "avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales" de los sectores públicos.

Por otro lado, lamentó que tras la reunión mantenida entre el Comité de Empresa y la Dirección la pasada semana, en la que esta última volvió a dejar de manifiesto su "nula cultura negociadora", de momento no hay fijado ningún encuentro, y volvió a pedir a la empresa que "se siente a negociar".

Incremento plantilla

Por su parte, San Emeterio reivindicó, además de la "homogeneización" en funciones, servicio y salarios, por parte de los trabajadores de la ITV de Irún y de Urnieta, y apuntó que las administrativas del primero y los técnicos del segundo son los que "menos cobran", un incremento de la plantilla en seis personas entre las dos plantas, "suficiente" para atender a la demanda existente de este servicio.

Tras recordar que la ITV es un "requisito obligatorio para circular" y que, actualmente, se está "multando" a quienes no la han pasado por encontrarse estos dos centros en huelga consideró que todas las partes implicadas deberían ser "responsables y juntarse a negociar porque hay mucha gente afectada".

Finalmente, recordó que el Gobierno vasco tiene previsto abrir este año dos nuevas estaciones de ITV, una en Olaberria para esta empresa, y otra en Arrona que gestionará la que opera la ITV de Bergara, que "se están retrasando".