El colapso en los juzgados de Lo Social de Alicante ha llegado al extremo de que hay casos que tienen fijada la fecha a finales de 2012. Según UGT, una de las razones es que la abrumadora mayoría de empresarios llamados a actos de conciliación no acuden y todos los despidos llegan a juicio.

Si ya había atasco por falta de personal administrativo –que debe enviar la Generalitat– y de jueces –el Gobierno central–, ahora las demoras se agravan con miles de despidos improcedentes, denuncian desde el sindicato. Y por eso «miles de casos» de paro, invalidez o de dependendientes quedan aparcados sin resolver.

«En más de 7.000 despidos, el número de conciliaciones ha sido de 1.000 aproximadamente; en la mayoría de los casos el empresario no comparece o ha sido disuelta la mercantil», informa Federico Sánchez, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Así, en lugar de en el SMAC, la entidad de mediación entre empresa y trabajador, estos asuntos acaban en los juzgados de Benalúa, en Elche o en Benidorm.

Este absentismo empresarial también ocasiona un gasto creciente en las arcas públicas, ya que se pagan los salarios de tramitación (si el proceso se alarga más de 60 días). Sin contar con que el FOGASA lleva ya abonados 23 millones de euros en indemnizaciones desde que empezó la crisis, según UGT.

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció en Elche 10 nuevas unidades judiciales en la provincia, «la mitad de las solicitadas, encaminadas todas a paliar la sobrecarga por el aumento de la litigiosidad derivada de la crisis económica». Se abrirán en Elche, Alicante, Benidorm (2), Torrevieja, Dénia, La Vila Joiosa, Novelda, Orihuela (2).