La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha explicado este jueves que la propuesta que lanzó en su día la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, de devolver las tarimas a las aulas para recuperar la autoridad de los profesores no se incluye en el texto normativo sobre autoridad pública que el Consejo de Gobierno aprobó para remitirlo a la Asamblea de Madrid.

Figar explicó que el tema de las tarimas o el llamar de usted al docente son conceptos que han surgido "al hilo del debate" que se generó cuando Aguirre anunció en el último debate sobre el estado de la región que los profesores contarían con autoridad pública en los centros de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, aclaró que éstos "no van dentro del texto normativo" porque no son aspectos que se puedan regular. "No son cuestiones para imponer ni regular por ley", indicó Figar en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que insistió en que son ideas que "están muy bien para el debate pero no van a ser incluidas en el texto".  

Figar recordó, ante la polémica que Aguirre levantó con su anuncio de las tarimas, que la idea surgió de una visita de la presidenta madrileña y la consejera a un IES de la región donde un conjunto de profesores pidió la vuelta de esta herramienta que sitúa físicamente al docente por encima de los alumnos en clase.

En centros públicos y privados

El Consejo ha acordado que la futura Ley de Autoridad del Profesor sea de aplicación, no sólo en los centros públicos y concertados, sino también en los privados, lo que supone otorgar a los docentes de la enseñanza privada la consideración de "autoridad pública".

Con la extensión de esta ley a la escuela privada, los más de 75.000 docentes de la región -67.000 de la red pública y concertada y más de 8.000 de la privada- gozarán de una "protección jurídica especial" que les dará la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales" contra los alumnos que contravengan las normas, ya que la consideración de autoridad pública confiere a los docentes el "principio de veracidad" en sus denuncias.

El Gobierno madrileño calcula que, una vez que ha sido aprobado este proyecto de ley y remitido al Parlamento autonómico, podrá aprobarse definitivamente y entrar en vigor antes del 15 de marzo.