Los empleados explicaron que tanto las instalaciones como las plantas de producción de agua y las redes de distribución carecen del mantenimiento adecuado y responsabilizan de ello a los administradores concursales designados por el Juzgado de lo Mercantil el pasado mes de abril.

Asimismo, la plantilla sostuvo que se está poniendo "en grave riesgo" a las instalaciones y a los propios operarios "por estar expuestos" a unos equipos "que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad".

Por ello, los trabajadores solicitaron al Consorcio Insular de Aguas —organismo constituido por el Cabildo y los siete ayuntamientos, y propietario de Inalsa— que como "ente público responsable del servicio de abastecimiento" ponga en marcha "los mecanismos necesarios para prever la asunción del servicio" antes de que se llegue al "desabastecimiento de la población".