El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan Carlos Ruiz, anunció hoy que la Asamblea Regional va a aprobar la semana que viene un proyecto de ley de protección del trasvase del Tajo al Segura, que insta al Gobierno central para que lo tramite en el Congreso de los Diputados por el procedimiento de urgencia y se debata, así, en la primera sesión del próximo periodo de sesiones.

Ruiz explicó, en rueda de prensa, que el PP va a aprobar este proyecto de ley en la Asamblea después de estudiar todas las posibilidades para garantizar la continuidad de acueducto Tajo-Segura y consideró que es la forma "más rápida", ya que, temió, el PSOE "está intentando buscar apoyos de los nacionalistas" para cerrar el trasvase.

El PP insistió en que las competencias en materia de agua que afecta a varias comunidades son "exclusivas del Estado", por lo que criticó la "alteración de esas competencias cambiándose la legislación estatal a través de los Estatutos de Autonomía", al tiempo que rechazó "la extinción o menoscabo del trasvase Tajo-Segura, a través del Estatuto de Castilla-La Mancha".

Por contra, le pidió al Gobierno central que retome "sin demora, con decisión y rigor" una planificación hidrológica nacional e integrada y sin dejar fuera, "por motivos de oportunidad política", ninguna alternativa técnica como puede ser los trasvases desde el Ebro y el Tajo Medio, ya que rechazó la desalación como "solución fundamental para el déficit hídrico del área mediterránea y el incremento de la sobreexplotación de acuíferos".

Por ello, insistió en la modificación de una legislación que "claramente lesiona a una comunidad como la de Murcia, en beneficio de otra como la de Castilla-La Mancha".

Articulado único

El Proyecto de Ley de Aprovechamiento Sostenible del Acueducto Tajo-Segura, presentado por el PP en la Asamblea Regional, añade un artículo a la Disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan Hidrológico Nacional y se divide en nueve puntos.

En el primero establece que el Estado garantiza la continuidad del aprovechamiento conjunto del Tajo-Segura y que no se verá afectado por el desarrollo de otras infraestructuras que incrementen los recursos hídricos de la cuenca del Segura, incluida la desalación.

Además, recuerda que, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del plan Hidrológico de Cuenca del Tajo se considerarán aguas excedentarias "todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 240 hectómetros cúbicos".

De igual forma, y en relación a la Directiva Marco de Agua, se pide la participación de las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Andalucía, y de las organizaciones que representan a los usuarios del Tajo-Segura, con voz y voto, en los órganos colegiados de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la Comisión Central de Explotación del Tajo-Segura.

En aplicación de los principios de la Directiva Marco solicita, asimismo, que el Gobierno informe anualmente el volumen y destino de los caudales propios o trasvasados utilizados en las cuencas del Tajo, Guadiana, Segura y Distrito Hídrico Mediterráneo; de su eficiencia de utilización; de la repercusión de costes correspondientes a los distintos usos y de la distribución entre las comunidades y provincias beneficiarias de la recaudación obtenida por la tarifa de conducción del agua trasvasada y la aplicación de estos fondos.

Ruiz contó que en el punto cinco se exige que tengan preferencia en las trasferencias desde el Tajo la antigüedad de la transferencia; y en su punto seis que cualquier usuario de las demarcaciones del tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Distrito Hídrico Mediterráneo podrá celebrar contratos de cesión de derechos de agua con cualquier usuario de estas demarcaciones, utilizando la infraestructura de transporte del Tajo-Segura, es decir, los bancos de agua.

Uno de los puntos más importantes rechaza que se puedan establecer "por ningún mecanismo" reservas genéricas e "indeterminadas" sobre el dominio público hidráulico, y que cualquier reserva de agua "sólo podrá ser fijada en el marco de la planificación hidrológica estatal, y debiendo señalar de forma expresa y motivada el aprovechamiento concreto al que se destina y el plazo previsto para su ejecución".

El PP de Murcia consideró que el agua debe ser un "elemento vertebrador y de cohesión social del Estado", por lo que deberá ser objeto de debate permanente en la Conferencia de Presidentes, y de ahí tendrá que salir un Pacto Nacional del Agua.

Por último, exigió al Gobierno central que presente, en el plazo de seis meses, un nuevo plan Hidrológico Nacional, en el que queden cubiertos los déficits hídricos de las cuencas, y particularmente los del área mediterránea.

Finalmente, Juan Carlos Ruiz pidió al PSOE de la Región de Murcia que "empiece a trabajar" y que no vaya a "remolque" de las propuestas del PP.