Este grupo de viviendas, según indicó a Europa Press el parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Málaga, José Antonio Castro, "sufre un progresivo deterioro y los vecinos se lamentan de la falta de control que la Administración ejerce sobre esta promoción pública".

Castro advirtió de que los vecinos se quejan de la existencia de un único inspector para todo el parque de viviendas propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), lo que hace que estos controles, que deben realizarse una vez al año, "no se cumplan".

Además, el también coordinador provincial de Izquierda Unida hizo hincapié en que esta barriada "sufre problemas de adquisiciones, readquisiciones y ocupaciones ilegales, que son denunciadas reiteradamente sin que se vea una solución".

"Es habitual que en estas viviendas se realicen obras de reforma y construcción que son efectuadas por los inquilinos, trabajos que incluyen auténticas remodelaciones que afectan a los inmuebles, como la construcción en algunos patios traseros de una planta más", manifestó.

Ante esta situación, Castro remitió al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, una serie de preguntas para que explique estas ocupaciones y "cuáles son los motivos por los que la Junta de Andalucía no actúa al tener conocimiento de ocupaciones y compraventas de casas de manera irregular".

El parlamentario andaluz pidió, de igual modo, saber cuál es el protocolo de actuación de la Consejería al detectar irregularidades en la ocupación de estas viviendas protegidas y cuántos expedientes ha abierto por este motivo o por ventas irregulares.

Demandó también información sobre los expedientes de desahucio por ocupación ilegal iniciados en la barriada en los últimos cinco años y cuál fue la conclusión de los mismos, así como acerca de las órdenes de obras autorizadas en ese mismo periodo de tiempo y cuántos expedientes por actuaciones ilegales se abrieron en los últimos 10 años.

Con relación a las obras ilegales que se vienen realizando en dichas viviendas, Castro alertó de que, incluso, "se están levantando segundas plantas, por lo que se pone en peligro la propia estructura de las casas".

Deterioro de las viviendas

Respecto a los problemas de saneamiento, IU presentó otra iniciativa. Según explicó Castro, las 140 viviendas de La Noria se encuentran con "un grave problema" en esta materia, "reconocido por la propia Junta al existir una disfunción por la existencia de atoros en el conducto de evacuación de aguas residuales". "Según técnicos de la Consejería —precisó—, el alcantarillado general de las calles, que tienen muy poca pendiente, favorece estos atoros".

Los vecinos demandan, por otro lado, obras de mantenimiento y mejora de las viviendas, tales como el aislamiento de los inmuebles frente al agua. En este sentido, el parlamentario andaluz especificó que "ya han pasado más de 10 años desde que se dio a todas las fachadas de ladrillo visto un tratamiento para aislar las casas de la lluvia".

Por todo ello, Castro quiere saber cuáles son las pretensiones de la Consejería de Vivienda ante este problema y si participará en la financiación de los arreglos, así como qué responsabilidad tiene en las roturas y atoros producidos en el interior de las viviendas y cuál es el diagnóstico sobre el estado y mantenimiento de las mismas.