En una rueda de prensa en San Sebastián, el presidente de la Mancomunidad, Rikardo Ortega, acompañado del vicepresidente, Imanol Azpiroz, explicó que la Junta de MSM ha acordado no aceptar el citado Convenio, en primer lugar, porque "no es necesario" ya que tanto San Marcos como los municipios que engloba son miembros del Consorcio.

Además, señaló que, en caso de que fuera "necesaria acordar las condiciones del tratamiento de la materia orgánica", deberán de ser con los municipios de la Mancomunidad, "los que tienen la competencia en la recogida selectiva de la orgánica, quienes pueden controlar la calidad de lo recogido y todo lo concerniente a este tema".

En este sentido, aseguró que de darse tal acuerdo entre los municipios y el Consorcio la Mancomunidad lo "facilitaría" y añadió que, en caso de que el Consorcio, siga pensando que es necesario un convenio con la MSM ésta ya ha registrado una propuesta de acuerdo.

Ortega consideró "negativo" que el Consorcio intenta lograr el "control absoluto" de todo tipo de tratamiento de residuos y, además, en lugar de favorecer la recogida selectiva de materia orgánica "favorece la recogida en masa" de manera que a los ayuntamientos "les va a salir más barato" este sistema.

Según indicó, la respuesta del Consorcio a la negativa de la Mancomunidad a suscribir su Convenio ha sido que "si no firma están dispuestos a tirar a la basura el esfuerzo que hacen los ciudadanos en la recogida selectiva" y "no se puede jugar de esta forma" con la gente que "es consciente de que la incineradora es un problema real" y de que la problemática de la gestión de residuos "puede reducirse de forma alarmante con un cambio de hábitos" y "solventarse" con la implantación de la recogida 'puerta a puerta'.

Azpiroz censuró que el "control" que el Consorcio pretende ejercer sobre la gestión y tratamiento de los residuos "va en contra de la autonomía municipal", al tiempo que acusó a este organismo de pretender "ahogar con la tarifa única a los ayuntamientos para que continúen pagando durante 30 años, no sólo el coste del tratamiento de la recogida selectiva sino infraestructuras como la macroincineradora tóxica de Zubieta, que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y perjudica al medioambiente".

Frente a ello, abogó por impulsar la recogida de la materia orgánica "de una manera seria" para lo cual se requerirá "un trabajo conjunto de todas las instituciones". "Es por eso que no vemos voluntad por parte del Consorcio de incentivar dicha recogida cuando propone una bonificación de un 25 por ciento" cuando "sólo con el gasto del transporte de esta materia a planta y la posterior recogida del 'compost' esta supuesta bonificación se queda en nada", afirmó.

Además, lamentó que "en lugar de aplaudir e impulsar plantas de compostaje como la proyectada en Usurbil, se torpedean estos proyectos" y "no se hace nada por construir las plantas prometidas para el año 2009 que acaba ya". "Con este tipo de actuaciones se intenta controlar hasta el ritmo de la recogida de la orgánica, mientras meten velocidad en la incineradora", censuró.