El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ingresaron esta tarde en el centro penitenciario de Palma después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmase hoy las condenas de cuatro y de tres y medio de cárcel, respectivamente, impuestas contra ambos por la Audiencia Provincial en mayo de 2008, por la construcción de una vivienda en un área rural de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

En declaraciones a Europa Press, el letrado de Hidalgo, Rafael Perera, explicó que su patrocinado fue detenido por la Guardia Civil cuando se encontraba en su casa, en el municipio 'andritxol', por orden de la Audiencia Provincial, después de que hoy mismo esta instancia judicial recibiese la notificación de la sentencia del Alto Tribunal. Los efectivos del Instituto Armado lo condujeron hasta la prisión en torno a las 16.30 horas.

Sobre la resolución del Tribunal Supremo, Perera manifestó que aún no ha tenido tiempo de leerla íntegramente aunque supuso que el fundamento jurídico de la sentencia para desestimar el recurso de casación que presentó contra la emitida por la Audiencia es el mismo que el expuesto en ésta. El abogado recordó que Hidalgo ya estuvo ingresado en prisión preventiva, por lo que el tiempo en que permaneció encarcelado se le restará a la condena que hoy ha comenzado a cumplir.

Mientras tanto, el abogado de Massot, Fernando Mateas, señaló también a Europa Press que al mediodía acompañó a su cliente hasta la Audiencia Provincial, donde permaneció detenido hasta que la Guardia Civil lo trasladó hasta la cárcel. También Massot estuvo privado de libertad de forma preventiva, en este caso bajo fianza de 200.000 euros -la más alta impuesta en Baleares junto a la decretada contra el ex gerente de Bitel, Damià Vidal, y el imputado dentro del caso Maquillaje, Alfredo Conde-.

Sin embargo, no fue por esta pieza por la que estuvo ingresado entre el 20 y el 23 de diciembre del pasado año, sino después de que fuese condenado a otros cinco años de cárcel por otro fleco del caso Andratx, después de que la acusación particular en nombre del Ayuntamiento 'andritxol' solicitase cárcel bajo fianza de 300.000 euros al considerar que existe un "altísimo riesgo de fuga", pese a que la Fiscalía estimó que con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse ante la Audiencia Provincial cada 15 días ya era suficiente.

Delitos contra hidalgo y massot

Cabe recordar que el ex alcalde fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a tres años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de tres años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada.

Además, la Audiencia Provincial ordenaba a Hidalgo demoler a su costa o sufragar los gastos de la demolición de la vivienda unifamiliar que se construyó en la finca que compró para tal fin, a pesar de saber que se trataba de suelo rústico protegido, y tras solicitar los permisos correspondientes bajo la premisa de que iba a levantar un almacén agrícola.

Del mismo modo, el Alto Tribunal también ha desestimado los recursos presentados por el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y el ex letrado municipal de Andratx Ignacio Mir, condenados respectivamente a tres años y medio, y un año de prisión, como autores directos de un delito de prevaricación. Además, Massot fue considerado cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio.