"Sus intereses son tan fuertes y su necesidad de satisfacer a su red clientelar es tan grande como pequeña su ética y su vergüenza", manifestaron los líderes sindicales y calificaron al consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, de "utillero del equipo y espectador de lujo al no dolerle prendas cuando dijo que el pago retroactivo no era posible sobre todo por una cuestión presupuestaria".

Los sindicatos acusan al Gobierno regional de mentir ya que "para los docentes, la cantidad implicada apenas pasaría de los 9 millones de euros, cantidad muy alejada de los 128 millones que dicen habría que asumir".

Por su parte, los sindicatos también cargaron contra la consejera de Administraciones Pública y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, a quien acusaron de incurrir "en el más desvergonzado de los cinismos al decir que era ilógico que los funcionarios que no firmaron la carrera pidan el pago retroactivo".

"Para nada dijo que aquello era un impresentable papel en blanco no firmado por muchos porque lo veían muy oscuro y como después, como era de esperar, fue efectivamente declarado Ilegal", añadieron.

Por ultimo, CCOO, CSIF y Suatea destacaron que los dos abogados presentes en las comparecencias advirtieron seriamente de las graves irregularidades que contiene esta ley y de su clara vulnerabilidad para ser recurrida, "aunque a sabiendas que el cumplimiento de la legalidad no importa cuando hay en juego intereses políticos".