Juzgado de lo Social condena a la empresa FCC en un conflicto colectivo presentado por UGT en Las Palmas

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia en la que condena a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), S.A. en un conflicto colectivo presentado por la Unión General de Trabajadores (UGT) de Las Palmas actuando en defensa de los trabajadores del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos de carga lateral.

Según se desprende de la resolución, la citada compañía "decidió arrebatar el derecho que tenían los trabajadores de aparcar sus vehículos en la dependencias de la empresa y en los aparcamientos habilitados para uso del personal de la misma", según informó hoy en un comunicado el secretario para la Cohesión Social de UGT Canarias, Ramón Rodríguez.

La decisión de la empresa se debió a las reiteradas resoluciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a causa de las denuncias presentadas por los representantes legales de los trabajadores sobre el "mal estado de los aparcamientos destinados a tal fin".

Según el sindicato, la compañía "pretendía arrogarse la potestad de autorizar el aparcamiento de vehículos a sus trabajadores, cuando éstos gozaban de este derecho desde el año 2003, lo cual, según se desprende de la sentencia, constituye una condición más beneficiosa incorporada a la relación contractual".

"Esto es lo que demuestra —según Ramón Rodríguez— que determinadas empresas como es el caso de FCC S.A. en Las Palmas, lejos de asumir el ejercicio de responsabilidad social de las mismas, se inclinan por restar derechos ya consolidados de sus trabajadores".

"malas prácticas laborales"

"Por desgracia, esta circunstancia no es novedosa, ya que la gerencia de FCC viene realizando malas prácticas laborales con los empleados de forma frecuente, hecho que sin embargo no repercute a la hora de licitar un servicio tras otro en las administraciones públicas", añade.

Es por ello que desde UGT, "además de condenar los abusos sistemáticos que los representantes de FCC ejercen sobre los trabajadores", insta a los responsables políticos a que tengan en cuenta la desastrosa responsabilidad social de este tipo de empresas a la hora de elegir a quiénes deben excluir de las concesiones administrativas para este tipo de servicios públicos".

Asimismo, Rodríguez subraya que desde este sindicato se va a "intensificar la vigilancia sobre FCC, al objeto de erradicar, con todos los medios legales a nuestro alcance, el indeseable y lamentable comportamiento de los dirigentes de esta entidad hacia los trabajadores".

Por otra parte, UGT hace un "llamamiento a los trabajadores de esta empresa para que no dejen de vigilar el cumplimiento de sus derechos, así como para que lleven a cabo las denuncias que procedan sobre todo tipo de abuso".

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