La consejera de Turismo, Rita Martín, defendió hoy la toma en consideración de la modificación de la citada normativa para su adaptación a la directiva comercial europea, enumerando, entre otras ventajas, la simplificación administrativa. La enmienda a la totalidad presentada por el PSC-PSOE fue rechazada con los votos en contra de CC y PP y la iniciativa admitida a trámite.

En definitiva, según Martín, esta ley "dinamiza y simplifica la actividad económica relacionada con el turismo en Canarias". Desde esta premisa, tiene "plena confianza en el libre mercado", al tiempo que "la directiva no se flexibiliza, se cumple o no se cumple".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Pérez, defendió en el pleno la enmienda de devolución de la modificación de la Ley de ordenación del Turismo en Canarias propuesta por el Ejecutivo autónomo. Según Pérez, al presentarlo por el trámite de urgencia, el Gobierno quiere que coincida con la adaptación a la nueva directiva comercial.

"inimaginables consecuencias jurídicas"

En esta tesitura, el PSC-PSOE se opone a esta tramitación por una razón "meramente cautelar" ante las "inimaginables consecuencias jurídicas" de la entrada en vigor de la nueva directiva comercial europea antes de la modificación de la ley de Turismo. Pérez habló de un giro legislativo "capital". Se trata, advirtió el socialista, "de una operación de gran calado".

El diputado del PSC-PSOE insistió en que la legislación canaria dará "un giro muy radical" si se aprueba la modificación de la ley de Turismo, con una "radicalización del objetivo liberalizador". En esta línea, se preguntó si hay dos gobiernos en el archipiélago, el que propone un "atemperamiento de la directiva de servicios", y el que propone "otra modificación radicalmente liberalizadora para el sector turístico".

Pérez dio la bienvenida a la Cámara a los representantes de la asociación de guías turísticos presentes en el salón de plenos. Asimismo señaló que "el proyecto se ha ido radicalizando y plantea cuestiones como la moratoria turística, que suponía la suspensión de las autorizaciones turísticas previas, que serán definitivamente derogadas por este proyecto de ley". "Termina así —según Pérez— la moratoria turística".

Acerca de los efectos de la oferta turística ilegal, Pérez se refirió al pacto de gobierno entre CC y PP en el que se comprometieron a luchar contra ésta. En esta línea, habló de los efectivos de que dispone la comunidad, que han sido incapaces de llevar a cabo este control y a los que esta modificación legislativa atribuye más competencias.

Desde las filas 'populares', la diputada Águeda Montelongo estuvo de acuerdo con la propuesta del Gobierno, resaltó que la ley facilitará los trámites administrativos y apuntó que el fin último es eliminar los obstáculos, favorecer la libertad de establecimiento y devolver la confianza a las personas que tienen intención y capital para invertir en Canarias, sin que la administración se convierta en una "rémora" para el potencial inversor.

Por su parte, la parlamentaria de Coalición Canaria (CC) Belén Allende, discrepó "abiertamente" con los argumentos del grupo socialista y señaló que la normativa es "todo lo liberalizadora posible". Allende informó de que CC ha presentado enmiendas adicionales referidas al alquiler de vehículos y se comprometió a presentar una enmienda 'in voce', si fuera necesario, sobre la situación de los guías turísticos. Asimismo confió en que la normativa de Turismo entre en vigor el mismo día que la normativa de servicios.

Desde las filas socialistas, Santiago Pérez, intervino de nuevo para recalcar que con esta modificación normativa la autorización previa queda derogada. Tampoco consideró creíble que el Gobierno canario aumente el número de inspectores turísticos.