Los consumidores de la Comunitat Valenciana son cada vez menos ‘meninfots’ y más exigentes. Así se desprende del tercer estudio de la compañía de defensa jurídica Arag, realizado por el Colegio de Sociólogos de Cataluña tras entrevistar a 4.400 personas.
Según esta encuesta presentada ayer, las gestiones con compañías de telecomunicaciones y suministros (gas, agua o luz) son las que generan más reclamaciones, sobre todo por los problemas para darse de baja. Así, un 49,6% de los valencianos los ha sufrido y de ellos un 80,7% ha reclamado.
En segundo lugar, están los problemas de vivienda que han afectado a un 24,8% de los encuestados. Estos conflictos se han traducido en quejas en un 70,8% de los casos. La mayoría son por conflictos entre vecinos por ruidos o falta de higiene. Como novedad, este año destacan las consultas sobre consecuencias del impago de las hipotecas.
Además, un 21,3% de los valencianos ha sufrido inconvenientes laborales, de los que un 70,9% han reclamado. La mayoría se refiere a empeoramiento de las condiciones de trabajo o despidos improcedentes. Este aspecto ha crecido un 8% por la crisis en comparación con el año pasado.
Por último, un 17,1% de los consumidores ha tenido contratiempos relacionados con el automóvil (multas o reclamaciones por accidentes). En este apartado, llama la atención que el 37,8% de los conductores de la Comunitat paga sus multas sin recurrir, un 6,8% por encima de la media nacional, por la mayor concienciación de los valencianos en seguridad vial, según los responsables del estudio. Otro dato curioso es que el 50,1% no sabe a quién debe dirigirse a la hora de reclamar.
Pero, ¿qué efectos tienen estos problemas en la vida cotidiana? El 56% de los encuestados afirma que se sienten más irritables, cansados, tristes y que les cuesta dormir. De ellos, un 3,3% necesita solicitar la baja, tres puntos por debajo de la media nacional.
"Iberdrola me quiso cobrar 960 euros"
M. G. se llevó las manos a la cabeza cuando hace dos meses le llegó una factura de Iberdrola de 960 euros: «Se trataba de un error. Se les había colado un cero, porque en realidad era de 96 euros. Sin embargo, querían que la pagara primero y que reclamara después. Lógicamente me negué. Pasé el caso a mi compañía de defensa jurídica y al final me dieron la razón. Rectificaron y pagué los 96 euros».
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