La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy que se investigue la "trama jurídico-financiera" que ha rodeado el secuestro del atunero Alakrana por parte de piratas somalíes y a los intervinientes en las negociaciones que ayer permitieron su liberación.

En un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, la Fiscalía solicita investigar en una pieza separada secreta "a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados con sede en Londres y otros países europeos que hayan podido participar en las negociaciones del secuestro y demás hechos concurrentes con los citados".

La solicitud de la Fiscalía, que también pide al juez que llame a declarar como testigos a los marineros del atunero, se produce después de que se haya asegurado que el 'Alakrana' fue liberado tras el pago de un rescate de 2,68 millones de euros.

Los marineros, testigos

En su escrito, el fiscal encargado de la causa, Jesús Alonso, quiere que Pedraz oficie a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional "para que proceda a la localización de los marineros secuestrados" con el objetivo de que se les pueda tomar declaración "una vez que regresen a territorio español" para que aclaren las circunstancias en las que ocurrieron los hechos investigados.

Asimismo, quiere que la Policía especifique qué labor realizaba cada uno de los marineros en el atunero.

El fiscal hace además esta petición "a los efectos de hacerles el legal ofrecimiento de acciones" por si los marineros quisieran personarse en la causa en calidad de acusación particular.

Esta solicitud del Ministerio Público se produce en el marco de la causa principal sobre el secuestro del Alakrana que instruye Pedraz, que ayer concluyó el sumario abierto contra Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, detenidos por participar en el asalto del pesquero, y lo envió a la sala de lo penal para su enjuiciamiento.

El juez ha procesado a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas -no les ha acusado de asociación ilícita-, y la Fiscalía ya ha anunciado que rechaza pactar un acuerdo para que ambos detenidos puedan ser expulsados a Somalia y que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel.