La Sindicatura de Comptes halló en 2003 irregularidades en varios aspectos de la gestión de Bartomeu Muñoz al frente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), como en la adjudicación de obras, aunque ningún grupo del Parlament quiso analizar y debatir el informe cuando se recibió en 2007.

En el informe, de 122 páginas, la Sindicatura de Comptes analizaba minuciosamente tres áreas de gestión del consistorio en las que detectó varias irregularidades, como en el impuesto sobre las plusvalías de terrenos de naturaleza urbana, la gestión de personal y las inversiones reales y su financiación.

Las irregularidades detectadas en 2003 no guardan relación directa con el caso de supuesta corrupción urbanística destapada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha ordenado la detención de alcalde socialista de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, dos ex altos cargos de Jordi Pujol (Macià Alavedra y Lluis Prenafeta), así como el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco, y el director gerente de Servicios, Pascual Vela, entre otros.

No obstante, algunas de las anomalías recogidas en el informe están vinculadas a la adjudicación de obras y servicios municipales, que es precisamente el procedimiento que los detenidos por orden de Garzón habrían utilizado ilegalmente para enriquecerse.

La auditoría de la Sindicatura desvela, en el apartado de inversiones y financiación, que había dos obras, presupuestadas en 496.003 euros en total, que fueron realizadas sin formalizar el preceptivo expediente administrativo, lo que el informe ya advertía que podría derivar en responsabilidades administrativas.

También había otros dos expedientes en los que la propuesta a la comisión de gobierno para que aprobara la adjudicación a un contratista era anterior a la propuesta de la mesa de contratación. Asimismo, la Sindicatura también detectó en su informe la existencia de tres expedientes de obras en los que en primer lugar se presentaron las ofertas de los adjudicatarios y posteriormente se aprobó el proyecto y el pliego de condiciones.

En el caso de Santa Coloma, ningún grupo del Parlament estimó conveniente pedir la comparecencia del síndico que elaboró el informe, por lo que esta auditoría, y todas las irregularidades de las que advertía, quedó olvidada en un cajón.