Agentes de la Guardia Civil han registrado varios depachos de los ayuntamientos catalanes de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), en el marco de la operación Pretoria ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para investigar presuntos delitos urbanísticos, según han informado fuentes de la investigación.

La Guardia Civil ha detenido al menos a 8 personas en la operación. Entre los arrestados están el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC); el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; Pascual Vela, director gerente de Servicios del consistorio; Luis García, ex diputado del PSC; Lluis Prenafeta, secretario general de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990; y Macià Alavedra, ex conseller de Economía con CiU. Estos dos últimos fueron altos cargos con Jordi Pujol.

El resto de los arrestados son personal de este Ayuntamiento y empresarios del sector inmobiliario de servicios, como el presidente de Proinosa, el constructor Josep Singla, y el presidente del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Fuentes jurídicas han asegurado que la investigación se inició en la Audiencia Nacional en 2007 y está relacionada con otra causa llevada en la propia Audiencia Nacional dos años antes.

Bartomeu Muñoz no acudió el lunes al pleno municipal porque, según dijo, estaba enfermo. Este martes tampoco se ha presentado en el consistorio, donde reina una "incertidumbre absoluta". Así lo han asegurado fuentes municipales a 20 minutos, justo antes de tener que colgar el teléfono porque estaban siendo desalojadas por la Guardia Civil.

Muñoz, hijo del último alcalde franquista de Santa Coloma, Blas Muñoz, fue nombrado alcalde en funciones de la localidad en febrero de 2002, en sustitución de Manuela de Madre, de quien era uno de sus más estrechos colaboradores, cuando ésta abandonó la primera línea política al sufrir fibromialgia. Posteriormente, ganó las elecciones municipales de 2003 con mayoría absoluta, que revalidó en 2007.

Los agentes han reclamado diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los Servicios Jurídicos, Gramepark y el Departamento de Informática del consistorio de Santa Coloma, según fuentes municipales.

Unos quince agentes acompañados de funcionarios judiciales se han personado sobre las 10.00 de la mañana en este consistorio, situado en la Plaza de la Vila, y han bloqueando los accesos de los departamentos en los que han solicitado la documentación.

Los agentes han solicitado la ayuda de algunos de los funcionarios de los departamentos de Informática y Tesorería, mientras han desalojado a otros. En el exterior del edificio son visibles dos vehículos de la Guardia Civil, mientras tres agentes del cuerpo vigilan la puerta de acceso ante la curiosidad de muchos vecinos que se han acercado al ayuntamiento.

Ante estos hechos, el Secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, ha asegurado que si se confirman estas actuaciones judiciales, tomará cinco medidas:

Primero, pedirá la renuncia como regidores y la suspensión de militancia de los implicados. Segundo, solicitará la designación de un nuevo alcalde en Santa Coloma. Tercero, nombrará sendas comisiones gestoras para Santa Coloma y el Barcelonès Nord. Mientras éstas no existan, sus funciones las asumirá la Secretaría de Organización del PSC. Cuarto, solicitan a los cargos electos y militantes la máxima colaboración con la justicia ante estos hechos, que califica de "gravedad extrema".

Por su parte, el secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, ha afirmado que, a falta de más información, priorizan la presunción de inocencia y que, en todo caso, los presuntos implicados hace mucho tiempo que no están vinculados a cargos públicos de CiU.

Además, el alcalde de Sant Andreu de Llaveneres, Bernat Graupera (CiU), ha asegurado que dos agentes de la Guardia Civil han ido al consistorio y le han requerido por orden de la Audiencia Nacional un convenio urbanístico del 2006, cuando gobernaba el PP con el PSC.

Graupera ha añadido que este convenio estaría relacionado con un caso que ya está investigando el juzgado de Mataró y en el que están imputados el ex alcalde Víctor Ros (PP), un ex edil y un ex técnico de Urbanismo.