El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de inhabilitación impuesta al ex primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete por el 'caso Funeraria' en relación a un delito de prevaricación y ha condenado al ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo al pago de una multa que asciende a 3,7 millones de euros.

En una sentencia hecha pública este martes, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera a Rodrigo cómplice responsable de un delito consumado de prevaricación y autor de otro delito consumado de trafico de influencias, con la concurrencia de atenuante de dilaciones indebidas.

El fallo resuelve los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía de Madrid y los imputados contra la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Madrid en junio de 2008. La Audiencia consideró a Huete responsable de la privatización del 49% del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros). El valor neto de la empresa era de más de mil millones de pesetas.

El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica.

La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.