La resolución de la Suprema Corte de Justicia se aplica únicamente a la investigación por la muerte de Nibia Sabalsagaray en 1974, debido a presuntas torturas, tras una petición de la fiscal del caso, Mirtha Guianze.

'Por unanimidad la declaran inconstitucional (...) es una posición de la corte muy contundente, muy sólida', dijo Guianze a Reuters.

El próximo domingo, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos votarán en una consulta acerca de la nulidad de la ley de amnistía sobre los hechos ocurridos durante la dictadura militar (1973-1985).

'En caso de anularse la ley no tendría sentido plantear otras inconstitucionalidades, pero en caso de que el plebiscito no alcanzara los votos existe la posibilidad de plantearla para otros casos', comentó la fiscal.

'Normalmente cuando la Suprema Corte tiene una posición después emite lo que se llama decisión anticipada, que es más rápida', agregó.

La ley, que fue aprobada por la ciudadanía en 1989, obliga a la Justicia a consultar al Poder Ejecutivo antes de comenzar una investigación por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de facto. Para que sea derogada en los comicios del domingo, la votación por nulidad debe superar el 50 por ciento de las adhesiones.

Según una encuesta de la consultora local Factum, un 45 por ciento votaría por la anulación de la ley y un cinco por ciento se inclina por la nulidad aunque mantiene ciertas dudas. Un 17 por ciento aún no ha decidido su voto.

En tanto, un sondeo de la empresa Interconsult mostró que el 47 por ciento está dispuesto a votar por la anulación de la norma, mientras que un 40 por ciento no lo haría y un 13 por ciento aún no lo sabe.

Unos 200 uruguayos desaparecieron durante el Gobierno militar, la mayoría de ellos en Argentina, durante operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia de las dictaduras de ambos países. El Gobierno del socialista Tabaré Vázquez excluyó algunas investigaciones de la ley debido a que los delitos se iniciaron en el país vecino.

Varios militares de la dictadura así como el presidente que disolvió el Congreso y dio paso al golpe de Estado están encarcelados.

A comienzos de octubre, Amnistía Internacional reiteró su condena por la existencia de la ley y pidió que la norma sea anulada. La ley, 'al eximir de sanciones a policías y militares responsables de haber cometido crímenes atroces antes de marzo de 1985, optó por institucionalizar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en tiempos del gobierno militar', dijo la organización.