La Consejería de Justicia firmará este viernes junto con la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Alfacar, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Universidad de Granada el convenio de colaboración institucional para la realización de labores de excavación y la exhumación de la fosa donde supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca, los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el maestro republicano Dióscoro Galindo.

El acto, que tendrá lugar en la Delegación del gobierno andaluz en Granada, estará presidido por la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, y a él está previsto que acudan, además de los medios de comunicación, representantes de asociaciones de la memoria histórica y políticos, y familiares de los represaliados.

Según avanzó Begoña Álvarez, la Junta aportará "todos los detalles del proceso", y presentará el estudio de georradar encargado por Justicia al Instituto Andaluz de Geofísica, un estudio "avalado por la calidad científica y técnica de l Universidad de Granada", que podrá demostrar "el rigor con el que se ha trabajado".

La Consejería informará también de cómo ha resuelto las siete alegaciones presentadas a la apertura de la fosa, entre ellas la de la familia Lorca, que ha solicitado que los restos del poeta no sean removidos, si bien, en el caso de que se procediese a la exhumación en los términos que prevé la Consejería, ha pedido reservarse el derecho de identificarlos "y disponer de los mismos", así como el ejercicio "de cuantas acciones y derechos" pudieran corresponderles.

Asimismo, la nieta del maestro republicano, Nieves Galindo, ha enviado otro escrito a la Junta contrario a la exhumación al entender que ésta se convertiría en un "circo mediático" y que no es necesario hacer más trámites, puesto que ya se sabe dónde está enterrado su abuelo. La familia Galindo ha solicitado "discreción" a la Consejería de Justicia para que no facilite datos al respecto, y le ha pedido que, en caso de que la exhumación se hiciera efectiva, ésta se haga "con el mejor criterio posible" y de manera "íntima".

El Foro por la Memoria de Andalucía presentó otra alegación en la que defendió que "sólo un juez instructor" debe autorizar y acordar las medidas oportunas para la apertura de la fosa de Alfacar y en la que muestra su consideración de que todas las fosas son "pruebas materiales" de crímenes contra la humanidad, fundamentalmente asesinatos y desapariciones forzadas, delitos "no prescritos conforme al Derecho Penal Internacional y los protocolos de las Naciones Unidas".

Familia ideológica

También el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhsa), de CGT-A, ha pedido la exhumación del banderillero anarquista Joaquín Arcollas, al considerarse su "familia ideológica" y ha solicitado, en consecuencia, que le sean entregados sus restos. CGT-A entiende que el concepto 'familia', en el caso de Arcollas, que no dejó descendencia o no se tiene constancia de ella, está justificado que se amplíe a 'familia ideológica' "para de esta forma no quedar desprotegido de sus derechos como víctima".

Entre los partidarios a la apertura de la fosa se sitúa la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (Agrmh) que ha pedido la exhumación de los restos de Galadí. La Junta ha decidido no atender la petición de Nieves García Catalán, acogida desde muy pequeña por los hijos del maestro de Pulianas, en tanto que no se resuelva el conflicto de intereses que mantiene con la familia Galindo.

Justicia sí ha estimado la petición de exhumación formulada por los familiares del que fuera inspector de tributos Fermín Roldán, que consideran que también podría estar enterrado en la misma fosa, y del restaurador granadino Miguel Cobo Vílchez, que podría encontrarse en una ubicación cercana.