Romper con los malos tratos no es tarea fácil. Decidir que no se soportan más, denunciar al agresor y soportar la lentitud del proceso judicial es un largo camino que no todas las víctimas están dispuestas o en condiciones de recorrer. De hecho, muchas dan los primeros pasos pero no llegan al final. Es el caso de 507 mujeres gallegas que el pasado año renunciaron a continuar con la lucha.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que a lo largo de 2008 llegaron a los juzgados de la comunidad una media mensual de 496 denuncias por violencia de género. Esto supone más de 16 casos al día. De éstos, al menos uno no prosperó porque la denunciante se echó atrás. Cada mes fueron de media 42 gallegas las que zanjaron el asunto antes de tener una sentencia en la mano.

Miedo al agresor, pena por él, la esperanza de solucionar los problemas fuera de los tribunales. Las causas para que una mujer que dice ser víctima de malos tratos retire la denuncia son muchas. En algunos casos la respuesta es tan sencilla como que no es la víctima la que acude a la justicia.

De hecho, en el 23% de los procesos que se abren en los tribunales gallegos no fueron las maltratadas las que pidieron ayuda, sino la propia Policía (tras tener que intervenir en alguna agresión), los efectivos sanitarios que atienden a la víctima o sus familiares. En este sentido, se queda muy corto el porcentaje de renuncias.

Frente a las 1.367 denuncias no presentadas por la víctima que el pasado año llegaron a los juzgados, tan sólo fueron 507 las renuncias. Es decir, el 8,5% de los 5.959 casos que recibieron los tribunales.

Una tasa inferior a la media nacional, que está en el 11,3% y que sitúa a Galicia a la cola de España en la retirada de denuncias, tan sólo por delante de Cantabria. Y eso que el pasado año los procesos por violencia de género aumentaron un 15%.

A la cola en protección

Si bien es cierto que Galicia está a la cola en la retirada de denuncias, también lo es que las mujeres gallegas que acuden a los tribunales son, con las andaluzas, las que menos ayuda piden. Al menos esto se deduce de las solicitudes de órdenes de protección. A nivel nacional, en el 29,1% de los procesos judiciales se solicitan esta medida y en Galicia tan sólo en el 24,1%. De las 1.439 solicitadas 2008, los jueces aprobaron 1.011, es decir, siete de cada diez.

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