La violencia endémica en México aumenta cada año sin importar la ideología del partido que detenta el gobierno. Desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador a finales de 2018, más de 180.000 personas han sido asesinadas en el país, según datos oficiales. Más de 5.000 de estas muertes han sido catalogadas de feminicidios. El mes de abril se han convertido en el más violento con 2.349 asesinatos, una media de 78 crímenes diarios.
La cifra de asesinatos supera con creces los 150.000 del gobierno entre 2012 y 2018 de Enrique Peña Nieto y los 122.000 del gobierno entre 2006 y el 2012 de Felipe Calderón, cifras que ya duplicaron las producidas durante gobiernos anteriores.
Históricamente, la violencia se disparó a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico. El inicio oficial de esta guerra sin cuartel, que mata a más personas en México cada año que en muchos conflictos armados convencionales, fue el 11 de diciembre de 2006 cuando el gobierno del presidente Calderón anunció un gran operativo de las fuerzas armadas contra el crimen organizado en el estado de Michoacán tras los 500 asesinatos provocados por los enfrentamientos entre miembros de diferentes carteles.
El gobierno actual de Lopez Obrador ha atribuido el aumento de los asesinatos a carteles delictivos, pero organizaciones humanitarias como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional acusan a las instituciones del estado de no investigar la mayoría de los delitos ni de identificar y enjuiciar a los responsables.
Existen denuncias de los graves delitos realizados por miembros del aparato del estado, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en un clima de impunidad casi absoluta.
La mayoría de los más de 114.000 desaparecidos en México de los que hay constancia desde hace sesenta años, se produjeron después de 2006 durante los tres últimos gobiernos de tres partidos que pertenecen a todo el arco ideológico. Más de 36.000 personas han desaparecido desde que López Obrador asumió la presidencia en 2018.
Picos históricos de violencia
Durante la presidencia del López Obrador los niveles de violencia han alcanzado picos históricos. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios por cada 100,000 personas. "Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian y una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan. Las autoridades apenas resolvieron poco más del 1% de todos los delitos cometidos en 2021", según un informe reciente de HRW.
Las organizaciones humanitarias acusan a policías, fiscales y soldados de utilizar habitualmente la tortura para obtener confesiones. Una encuesta realizada entre presos afirmaba que un 38% de los que habían confesado algún delito lo hicieron después de ser golpeados y amenazados.
La organización feminista de derechos humanos Intersecta denunció que cerca del 85% de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito. Un año antes, en 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, había ampliado la lista de delitos que requieren de prisión preventiva obligatoria.
El actual gobierno ha aumentado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y "les ha asignado múltiples tareas realizadas por autoridades civiles hasta hace poco como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular e incluso la implementación de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas", según denuncia HRW.
En octubre de 2023, una investigación hecha por organizaciones de derechos humanos y periodistas reveló que las fuerzas militares habían adquirido el software de espionaje Pegasus en 2019 y lo habían usado para espiar de forma ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de partidos de la oposición. El presidente López Obrador lo desmintió en público.
En enero de 2024, una jueza ordenó la liberación de ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa, desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) en setiembre de 2014, que había sido detenidos en junio de 2023. La Fiscalía General de la República acusó a los jueces de dar "ventajas indebidas a los militares a pesar de la gravedad de los delitos que se cometieron".
No investigar los casos
Las organizaciones de derechos humanos han acusado reiteradamente al gobierno mexicano de no investigar los casos de desaparición forzosa. Unos 130 "colectivos de búsqueda" han sido creados por familiares en los últimos años con el objetivo de investigar e incluso de excavar en las fosas comunes encontradas ante la inoperancia del estado.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada criticó a los funcionarios mexicanos por su "actitud pasiva" ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la "impunidad casi absoluta" que existe en el país ante estos delitos.
El presidente Lopez Obrador ha movilizado a 30.000 soldados con el principal objetivo de perseguir a los migrantes y solicitantes de asilo y evitar que crucen la frontera de Estados Unidos clandestinamente. Los migrantes son víctimas de los carteles delictivos pero también sufren abusos de policías y funcionarios de migración.
México se ha convertido en un muro muchas veces infranqueable para los migrantes que son detenidos por su aspecto físico en redadas realizadas por agentes migratorios en todo el país. La Corte Suprema determinó que estos controles eran inconstitucionales y señaló que afectan de manera desproporcionada a las personas de las comunidades indígena y afrodescendiente.
En 2023, México detuvo a 782.176 personas en situación irregular, el récord desde que se tiene registro y más del doble que el año anterior, que fue de 307.000 migrantes. Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y las condiciones de vida son insalubres. Los funcionarios presionan a los migrantes para que acepten el retorno asistido sin tener en cuenta que sus vidas pueden correr peligro en sus países de origen, según denuncia HRW.
La ONG Global Witness señaló en un informe que en 2022 fueron asesinadas 31 personas defensoras de la tierra, activistas ambientales y defensores de derechos humanos mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contabilizó 13 muertos violentamente en 2023.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha registrado al menos 188 casos de secuestro, amenazas y agresiones físicas contra personas de esos colectivos durante el último año.
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