La Comisión Europea investigará las limitaciones y restricciones territoriales al suministro de algunos productos que cambian su precio dependiendo del Estado miembro en el que se comercialicen. Con ello, estudiarán, junto a las capitales, qué soluciones pueden aportarse al respecto a raíz de la multa de 337,5 millones de euros de Bruselas al grupo Mondelez, fabricante de chocolates y galletas como Oreo, Milka y Toblerone por imponer barreras injustificadas al comercio de sus productos entre Estados miembro.
Así lo ha indicado este viernes en rueda de prensa la comisaria europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, tras reunirse con los ministros del ramo de los Veintisiete en Bruselas. El debate ha surgido a raíz de la propuesta de varios países, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Chequia o Dinamarca, que piden que se actúe para eliminar estas restricciones mediante una prohibición de la UE sobre discriminación basada en el lugar de establecimiento. Esto es algo que, según un estudio de la Comisión en 16 Estados miembro, podría ahorrar potencialmente 14.100 millones de euros al año a los consumidores.
"Si una empresa tiene una posición dominante y ha firmado acuerdos anticompetitivos, disponemos de herramientas que podemos utilizar, pero si no cumple estos requisitos, hay mucha controversia", ha explicado Vestager, consciente de que algunas voces señalan que la diferencia de precios a ambos lados de un frontera "sólo refleja los aranceles o el poder adquisitivo del territorio", mientras que otras afirman que "se trata de restricciones territoriales".
La comisaria, por esta razón, ha avanzado que Bruselas recabará datos de forma conjunta con los Estados miembro para ver qué soluciones se pueden aportar en este tipo de cuestiones cuando las compañías afectadas "no tienen una posición dominante y carecen de acuerdos anticompetitivos".
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