El reciente aval del Tribunal Constitucional (TC) al grueso de la ley de Vivienda no ha cambiado ni un ápice la consideración que tiene la Comunidad de Madrid a la normativa estatal que esta semana cumple un año en vigor. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aún espera que se resuelva su recurso de inconstitucionalidad, ya que el que se ha dirimido esta semana fue el interpuesto por la Junta de Andalucía, pero mantiene que es un texto con partes contrarias a la Carta Magna y que va una "mala dirección" para resolver el problema de la vivienda, por lo que en la región solo se aplicará la "normativa básica".
Esto deja fuera mecanismos como la declaración de zonas tensionadas, una herramienta que están pidiendo insistentemente varios municipios madrileños gobernados por el PSOE, pero que se están topando con el 'no' de la Comunidad, que es quien tiene que autorizar este marco legal. "La declaración de zonas tensionadas en distintos ayuntamientos de la región no va ser una de las cuestiones que este Gobierno desarrolle", aseveró este miércoles Miguel Ángel García, consejero de Presidencia regional, alejando cualquier esperanza de cambio de parecer en la Puerta del Sol diga lo que diga el tribunal de garantías en las próximas semanas.
El también portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reiteró que allí donde se han aplicado "políticas restrictivas" que de alguna manera "intervienen" el mercado de la vivienda se ha dado un efecto contrario al esperado. "Lejos de bajar los precios tanto en alquiler como en compra, lo que han hecho es reducir la oferta de vivienda disponible y por tanto incrementar los precios", justificó García Martín.
"Es una mala dirección", insistió, para reafirmar que la postura de la Comunidad de Madrid respecto a esta ley será la misma que se ha venido manteniendo durante el último año. "En lo que es obligatorio, en lo que es normativa básica, va a ser aplicada en la Comunidad de Madrid como no puede ser de otra manera", detalló el responsable autonómico, "y en aquellos ámbitos donde nos dejan discreción a las CC AA (...) no los vamos a aplicar", agregó.
Para el Gobierno de Díaz Ayuso, el fallo del TC sobre el recurso que presentó Andalucía pone de manifiesto que el texto impulsado por la coalición PSOE-Unidas Podemos en 2023 tenía apartados que vulneraban la legalidad constitucional. "Hay partes de este texto que el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que vulnerarían nuestra Carta Magna", incidió este miércoles Miguel Ángel García, aludiendo a la anulación por parte del TC del artículo 16, que es el que establece el régimen de la vivienda protegida que regula la vivienda protegida y que se tendrá que eliminar del ordenamiento.
Este es el único precepto que se declara completamente inconstitucional, pero no el único aspecto de la norma que al TC le merece esta consideración: también ha rechazado parte de otros dos artículos y la disposición transitoria primera, estimando así parcialmente el recurso interpuesto por Andalucía.
La sentencia, pendiente de ser publicada al completo, valora que el Estado "por primera vez" ejercita la "potestad" que le confiere el artículo 149 de la Constitución de 1978 "para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Pero a la vez, afea que hay preceptos en los que se incurre "en un exceso competencial" e "invadiendo las competencias autonómicas en materia de vivienda".
Como hizo esta semana con el de Andalucía, el pleno del Constitucional tendrá que dirimir el recurso presentado por Madrid, además de los registrados por el PP, el Parlamento de Cataluña, Baleares y País Vasco. Todos ellos se estudiarán partiendo de la doctrina que supone el ya debatido, por lo que lo esperable es que los cinco se desestimen, aunque podría suceder que alguno de los argumentos utilizados no fueran esgrimidos por el Gobierno de Juanma Moreno y que el Tribunal los tenga por buenos.
Comentarios