El Parlamento de Georgia ha aprobado este martes la polémica ley de agentes extrajeros, que se ha topado con numerosas protestas por parte de opositores y voces críticas, que consideran que simula una normativa ya existente en Rusia y que vulnera las libertades y derechos de los ciudadanos. La medida ha salido adelante finalmente con 84 votos a favor y 30 en contra, tras un pleno que ha tenido que ser suspendido durante un breve periodo de tiempo a causa de una pelea entre diputados oficialistas y opositores. Posteriormente, estos últimos han anunciado un "boicot" a las actividades parlamentarias y han asegurado que no participarán en los plenos hasta nuevo aviso.
Mientras, las calles de Tiflis, la capital, han vuelto a llenarse de manifestantes contrarios a la medida, que denuncian que esta legislación aleja al país de la senda hacia la integración europea. Así, las autoridades han emitido el nivel rojo de alerta en materia de seguridad en las inmediaciones, el cual entrará en vigor a partir de las 17.00 (hora local), si bien las entradas y salidas del Parlamento ya se encuentran acordonadas, según informaciones del portal de noticias News Georgia.
Por su parte, la oficina de la ONU en Georgia ha expresado su preocupación por la aprobación del texto legislativo y ha lamentado que "pone en peligro la libertad de expresión y se asamblea e impide el correcto desarrollo de las actividades de la sociedad civil y los medios de comunicación, que son los principales pilares de la democracia en Georgia".
"Esta ley puede impedir a la sociedad civil ofrecer servicios sociales de vital importancia", señala en un comunicado difundido a través de la red social X. En este sentido, ha pedido la apertura de una "investigación parcial sobre los casos de violencia e intimidación contra las voces críticas con el Gobierno encabezado por el partido Sueño Georgiano". "La ONU expresa su compromiso a seguir trabajando con sus socios para construir una Georgia justa e inclusiva", ha aclarado.
A principios de mayo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, mostró también su preocupación por el uso de la fuerza de forma "innecesaria y desproporcionada" por parte de las fuerzas de seguridad de Georgia contra los manifestantes, por lo que pidió a las autoridades "protegerlos y respetarlos". La normativa, llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, es similar a la legislación rusa de "agentes extranjeros", con la que Moscú marca a los críticos contra el Gobierno. La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior a registrarse como "agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras". En caso de no registrarse serán sujetas a multas cuantiosas.
Las autoridades georgianas, que han impulsado esta medida, siguen defendiendo que cumple únicamente el principio de transparencia y que, por ello, mejorará la soberanía y acercará el país a la Unión Europea. Sin embargo, la comunidad internacional ha criticado la ley y ha prometido una "respuesta" al considerar que se trata de un paso hacia el "autoritarismo".
El texto es el mismo que en 2023 aunque con algunas modificaciones y ha provocado numerosas protestas desde el pasado 15 de abril. No obstante, ya el año pasado la oposición y parte de la sociedad se manifestó en contra de esta propuesta legislativa por ser una muestra de simpatía hacia Moscú.
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